Se alista la bioseguridad para las elecciones 2021

ENE, 21, 2021 |

CONTROL. Coordinan acciones de bioseguridad, para las elecciones del próximo siete de febrero.

Los municipios deberán prohibir las ventas ambulantes en los exteriores y cercanías de los recintos electorales y controlar el flujo vehicular.

Redacción QUEVEDO

Tras el inicio de la campaña electoral el pasado 31 de diciembre de 2020, nacieron expectativas por controlar y vigilar si los candidatos que realizan la promoción de sus propuestas, cumplen con el distanciamiento social y medidas de bioseguridad sugeridas por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional.

Ante esto, la concejala y presidenta del COE Cantonal, Lorena Rojas, informó que en época electoral quién vigila dichos procesos es el Consejo Nacional Electoral (CNE) y no los gobiernos locales. Por ello hizo un llamado al CNE para coordinar una cita y conversar sobre los operativos en el territorio.

“Como COE hemos hecho el exhorto al COE provincial para que a su vez exhorten al CNE que es el ente responsable del tema electoral. En territorio son ellos los que deben hacer los controles necesarios, sin embargo, mandan la responsabilidad a los COES cantonales, cuando no es nuestra competencia”, dijo Rojas.

La funcionaria criticó que muchos candidatos no tomen en serio las disposiciones emitidas por el COE Nacional. “Todo lo que es aglomeración de gente es peligroso, si ahora no cumplen, ¿Cómo será el tema de las elecciones?, porque la gente va a salir masivamente”, afirmó.

Anuncian Controles

Mientras tanto, ayer de forma telemática, la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) convocó a los alcaldes y alcaldesas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) para que a través del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) conozcan los lineamientos del Protocolo General para Prevención de la Covid-19, en el Proceso Electoral 2021 que deberán seguir los municipios en los comicios del próximo 7 de febrero.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, recalcó el trabajo y las competencias que tendrán los gobiernos municipales de garantizar el orden y el control en los exteriores de los recintos electoral el día de las votaciones.  Señaló, que es de suma importancia el respaldo de los alcaldes.

Cuidados

Las nuevas condiciones impuestas por la pandemia han vuelto compleja la situación por lo que se deben garantizar la participación ciudadana con el derecho a la salud mediante la aplicación de medidas de seguridad y bioseguridad, es por eso que se incrementaron 611 recintos electorales para disminuir las aglomeraciones. El objetivo es minimizar el riesgo de contagio.

Los municipios deberán prohibir las ventas ambulantes en los exteriores y cercanías de los recintos electorales, el control del flujo vehicular, priorizando la movilidad no motorizada o peatonal en el perímetro de los recintos electorales para los municipios que tienen la competencia con agentes de tránsito, el  cumplimiento del aforo normado en el transporte público cumpliendo con las medidas de bioseguridad emitidas por el COE Nacional, el uso del espacio público para concentraciones políticas y la gestión integral de desechos generados en los recintos electorales en coordinación con el Ministerio de Educación y Senescyt.

Mientras tanto, se realizarán pruebas de antígenos, de forma gratuita a cargo del Ministerio de Salud pública, a todos los MJRV y que a través del protocolo se regulará el distanciamiento entre sus integrantes, se hará la limpieza de biombos cada 20 minutos, así como también se les otorgará los respectivos insumos sanitarios.  (MAC)

Sanciones para quienes incumplan

Cabe destacar que la aplicación del presente protocolo será obligatoria y su incumplimiento de acuerdo con el artículo 279 inciso 12 del Código de la Democracia, se considera una infracción electoral grave incumplir las resoluciones del Consejo Nacional Electoral. Quienes infrinjan lo establecido serán sancionados con una multa desde veintiún salarios básicos unificados hasta setenta salarios básicos unificados, destitución y/o suspensión de derechos de participación desde dos hasta cuatro años.

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