Wellington Toapanta
Preguntar “¿hay crudo bajo el subsuelo?” causa asombro, porque no existen registros exploratorios, menos actividad extractivista desde tan inmensa profundidad. Ecuador ha explorado petróleo, no crudo; apenas ha llegado al precretácico (alrededor 17.000 pies o 5,6 kilómetros) en el subsuelo, jamás “bajo el subsuelo”.
En la escena política-electoral actual cunde la pregunta: “¿Está usted de acuerdo con que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente bajo el subsuelo?”. La respuesta rotunda es NO. Enigma es saber si “bajo el subsuelo” hay “crudo”.
La pregunta, que veda al gobierno cumplir imperativos mandatos constitucionales (Arts. 313 y 314), es osada y engañosa. Crudo es adjetivo, no equivale a petróleo. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española la registra como “dicho del petróleo que no está refinado”. Tiene también otras 16 acepciones; es coloquial.
El petróleo es sustantivo, tiene estructura física y química, integrado por carbono (83-87%) e hidrógeno (11-14%). Contiene parafinas, naftenos, aromáticos, se regula por ley; el “crudo” no.
El espesor del subsuelo de la superficie terrestre oscila los 100 kilómetros. Le siguen el manto y el núcleo. La pregunta que pretende que se quede, indefinidamente, “crudo (…) bajo el subsuelo”, bajo o después de dichos 100 kilómetros es ampulosa. Ecuador no extrae “crudo”, sí petróleo, aproximadamente, desde 5,3 kilómetros de profundidad.
El subsuelo está “donde caducan los derechos de propiedad individuales y el Estado (gobierno) pasa a ser el encargado de la negociación de los recursos, por ejemplo, para la explotación minera, acuífera, petrolera”, que pretende negarle la pregunta. Sus proponentes y certificadores constitucionales, por decir lo menos, bufonean con la ciencia, con la racionalidad; pretenden hacerlo con los electores, con el país. Merecen enérgico rechazo.
Por transparencia, salud legal y constitucional, proponentes y certificadores deben retirar la osada y engañosa pregunta revestida con populismo de derecho ciudadano, de animosidad contra el Ecuador. Deben abortar la consulta. Su eventual aceptación derivará innecesarias y onerosas controversias jurídicas.