¿Fronteras abiertas para atender la migración?

El muro que quiere construir Donald Trump entre Estados Unidos y México ha vuelto a avivar el debate: ¿tendrá diseño artístico?, ¿cuánto costará?, ¿lo construirá el Ejército norteamericano?

Mientras, miles de personas intentan cruzar las fronteras en la caravana del migrante, que partió desde Centro América en octubre; centenares de familias siguen cruzando de África a Europa; y miles de venezolanos continúan caminando por Sudamérica.

2018, quizá, ha sido el año en el que las miradas se han centrado en quienes han tenido que dejar sus países.

Este año, la Organización de Naciones Unidas estima que existen 258 millones de migrantes, 85 millones más que en 2000.

Por primera vez en la historia, Ecuador activó un estado de emergencia para resolver la crisis de movilidad humana para la cual, de acuerdo con las autoridades, “no estaba preparado”. Por seis días, del 18 al 24 de agosto, se solicitó pasaporte a venezolanos en las fronteras, como medida de control que luego fue eliminada por las medidas cautelares presentadas por la Defensoría del Pueblo.

Desde una perspectiva de desplazamiento forzado y, por otra parte, de seguridad en las fronteras, dos expertos analizan la necesidad de mantener las fronteras abiertas o solicitar documentación de forma obligatoria.

Anaité Vargas. Coordinadora de programas y proyectos, Servicio Jesuita a Refugiados – JRS Ecuador

‘Migrar es un derecho y se debe respetar’

Migrar es un derecho y creemos que se debe respetar, estableciendo mecanismos para que la movilización sea segura y digna. Esa debería ser la labor de los estados, en lugar de frenar, limitar, judicializar o criminalizar.

El Servicio Jesuita acompaña, sirve y defiende a las personas que salen por movilidad forzada. Ecuador tiene una historia de acogida con la población colombiana refugiada con más de 60.000 refugiados reconocidos en el país.

Hoy, el mayor flujo que se recibe es de población venezolana, que sale de su país en condición forzada y que, además, tiene serias dificultades de acceso a todos los documentos para el viaje y la regularización en los países de destino. Los estados deben analizar esta situación y generar excepciones con las que se garanticen mecanismos para una migración segura y posibilidades de regularización.

En Ecuador, una de las visas más solicitadas tiene un costo de 250 dólares. Si son cuatro, se necesitan 1.000 dólares. Es difícil para un venezolano conseguir el dinero y, si lo lograra, el problema es que no cuenta con los documentos necesarios para cumplir los requisitos migratorios.

Desde la Red Clamor, hemos instado al Estado a que haga un ejercicio de amnistía migratoria para regularizar a las personas, estableciendo parámetros de excepción claros y garantizando, sobre todo, derechos a las poblaciones más vulnerables, como, por ejemplo, niños y adolescentes, que están ingresando solos.

Desde los estados hay esfuerzos valiosos, pero que no siempre aterrizan en hechos concretos que beneficien a la población. La regularización, en lo concreto, sigue siendo imposible. Hay un discurso polarizado del Estado. Por un lado, hablamos de Ciudadanía Universal, mientras que, por otro, se promueven miradas discriminatorias y xenófobas. Por ejemplo, pedir pasaporte a la población venezolana fue una decisión inconstitucional.

Hay que tener una mirada integral en el tema de la migración forzada. Y por ello instamos a los estados a pensar y hacer políticas públicas desde una perspectiva de derechos humanos.

Diego Tipán. Subsecretario de Seguridad Ciudadana

‘La migración ordenada garantiza la integridad’

La seguridad ciudadana es la tarea más importante del Estado. Si no estamos seguros, no podemos acceder con plenitud a los derechos básicos. La inseguridad impide un acceso adecuado a la educación, destruye la salud física y mental, y limita el plan de vida de las personas. Por ello, la seguridad debe ser tomada en serio.

Desde una perspectiva de seguridad ciudadana y prevención del delito, solicitar pasaporte, visa u otro documento en un punto de control migratorio, tiene como objetivo identificar a la persona que va a ingresar a un Estado.

La correcta identificación de quien busca el ingreso permite a los organismos de seguridad ciudadana tomar decisiones respecto a quiénes o qué tipo de situaciones constituyen un riesgo para la población o el Estado. La migración ordenada y segura se fundamenta en la información que provee la persona en situación de movilidad humana, para la adecuada toma de decisiones.

Previo al ingreso de países como Australia, Nueva Zelanda o India, a través de un sistema web, la persona declara su itinerario de viaje: lugares de hospedaje, tickets aéreos, entradas a parque turísticos, entre otros detalles. Esto permite que en cada punto migratorio se valide la información personal y adicionalmente, se compruebe la veracidad de la intención del viaje (turismo, trabajo o estudios).

La migración ordenada y segura garantiza la integridad y la vida de la persona en movilidad humana. Por ejemplo, el mecanismo utilizado en las naciones mencionadas permite identificar a posibles víctimas de trata de personas gracias al análisis de información. Asimismo, cuando el ingreso al país ya se ha concretado, el Estado puede obtener información que le posibilite iniciar una búsqueda en caso de una desaparición.

En conclusión: la migración ordenada y segura garantiza el derecho a la seguridad integral. Por un lado, precautela la seguridad de los ciudadanos y el Estado; y por otro, la vida e integridad de las personas en movilidad humana.