Washington, EFE
La organización de defensa de los Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW) criticó hoy la condena «injusta» impuesta al opositor Leopoldo López, lo que para este grupo «muestra el deterioro extremo» del estado de derecho en Venezuela.
Para José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, «este caso es una farsa» y el juicio estuvo marcado «por gravísimas violaciones» del debido proceso, según señala en un comunicado sobre la pena de casi 14 años de cárcel impuesta ayer a López, dirigente del partido opositor Voluntad Popular (VP).
«En un país sin independencia judicial, una jueza provisoria sin inamovilidad en el cargo condena a cuatro personas inocentes luego de un proceso en el cual el Ministerio Público no aportó evidencias que los vinculen con delito alguno, y no se permitió a los acusados
ejercer su defensa adecuadamente», afirma Vivanco.
López, quien lleva más de año y medio encarcelado en el penal militar de Ramo Verde, fue condenado por los delitos de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio por los hechos violentos al final de una marcha convocada, entre
otros por él, el 12 de febrero de 2014.
HRW afirma que tuvo acceso al expediente del caso «y no encontró elementos de prueba aportados por la Fiscalía durante el juicio que permitieran justificar los cargos contra los acusados». La defensa de López afirma que «la jueza desestimó los argumentos que plantearon y no admitió ninguna de las pruebas ofrecidas, salvo el testimonio de dos testigos presentados por el Ministerio Público», según la organización.
Human Rights Watch indica que «el derecho venezolano y los estándares internacionales de Derechos Humanos disponen que, salvo en circunstancias extraordinarias, los procesos penales deben ser públicos».
Sin embargo, en este juicio «no se permitió que miembros del público -incluidos periodistas y observadores internacionales-estuvieran presentes».
HRW señala también en su declaración que los tres estudiantes condenados junto con López, Christian Holdack, Demian Martin y Ángel González, «fueron detenidos arbitrariamente» tras la protesta del 12 de febrero de 2014, en la que murieron tres personas.
Según HRW, «miembros del Tribunal Supremo» venezolano «han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes y han expresado de forma pública su compromiso con promover la agenda política del gobierno».
Por ello, la organización considera que «el poder judicial venezolano ha dejado de actuar como un poder independiente del Gobierno».
Tras la condena a López «sobre la base de imputaciones absolutamente infundadas, ¿qué más necesitan los gobiernos latinoamericanos para, de una vez por todas, exigir al Gobierno de (el presidente Nicolás) Maduro que cese la persecución de sus opositores y críticos?», se pregunta Vivanco.