La Ley de Comunicación

JUN, 09, 2013 | - Por Ugo Stornaiolo

Cuando se habla de asuntos judiciales o legales, nuestro pueblo pronuncia un sabio refrán: “Hecha la ley, hecha la trampa”, como expresando su inconformidad ante los hechos. Ciertamente, muy pocos cuerpos judiciales pueden ser calificados de malos por sí mismos, sobre todo cuando consagran principios, preceptos, prohibiciones o permisos que procuran el bien común.


La Ley de Comunicación, que con una mayoría abrumadora se aprobará en los próximos días, mantiene normas muy interesantes, principios reguladores en bien de la sociedad. Sería necio no estar de acuerdo, por ejemplo, con que cuando se difundan informaciones se respete la honra y la reputación de las personas, o abstenerse de injuriar, calumniar, difamar, mediante acusaciones infundadas, según los principios deontológicos de la Ley.


En lo relativo al Consejo de regulación, que será el organismo capaz de velar, regular, adjudicar frecuencias y sancionar, entre otras muchas más atribuciones, los cinco miembros que lo integran son nombrados así: uno designado por el Presidente; otro por las asociaciones y consorcios de gobiernos autónomos descentralizados; uno más por los consejos nacionales de igualdad (que no se entiende bien qué significan), un cuarto miembro por las facultades y escuelas de comunicación social de las universidades públicas, y uno entre los candidatos de las organizaciones de comunicación y Derechos Humanos con personería jurídica.


El Gobierno posee “la simpatía” de las organizaciones mencionadas para integrar este Consejo de Regulación, lo que podría volverlo poco imparcial y dueño de las decisiones por la fuerza de la mayoría más que de las razones.


Por otro lado, la ley integra en su competencia no solamente a periodistas, sino a comunicadores corporativos, diseñadores gráficos publicitarios, publicistas. Sin embargo, un miembro del Consejo de Regulación será designado sólo por las universidades públicas, dejando de lado a las privadas. Habrá que ver cómo sale el reglamento que será el que diga hasta dónde, cómo y en qué circunstancias se deberá aplicar la Ley de Comunicación. Ojalá fuese la excepción y no tengamos que repetir el adagio popular: “Hecha la Ley, hecha la trampa”.

 

[email protected]

COMENTA CON EL AUTOR

[email protected]