Derecho Penal del enemigo

Derecho Penal del enemigo
Derecho Penal del enemigo

El manejo no judicial sino mediático del caso ‘Los 10 de Luluncoto’ nos demuestra que echar mano de la criminología mediática por parte de la autoridad resulta siempre rentable, porque le permite construir un sentimiento de inseguridad social en función del otro u enemigo que es escogido para cada ocasión. Hoy son los estudiantes y profesionales de Luluncoto, antes fueron los policías sublevados, los microtraficantes, los estudiantes del Central Técnico, entre otros.


Siguiendo la lógica de la construcción del sentimiento de inseguridad, se advierte que después de inundar los medios de comunicación con las noticias de bombas panfletarias, es decir, cuando ya se atemorizó a la población, es evidente que se requiere de un protector que defienda y acabe con dicho peligro.


La sociedad se regocija, porque al fin el enemigo tiene un rostro visible que no va a amedrentar más, gracias a que la autoridad ha anunciado que se acabaron las bombas panfletarias. En el manejo mediático vemos cómo el papel protagonista del superhéroe o vengador lo tiene algún ministro o servidor público de turno.


No obstante, este tipo de información y según a donde se la quiera dirigir conlleva la sustitución de la función de las autoridades competentes y por ello la vindicta pública ya no la cumple la Fiscalía General, sino que al tener una sociedad atemorizada, surge la solución del problema gracias a la aparición mágica de otra función del Estado o de una persona poderosa.


Uno de los aspectos sobresalientes de la construcción del sentimiento de inseguridad que por lo regular opera a través de la criminología mediática es que trae como consecuencia la aplicación del derecho penal en sus formas más severas, pues se ha construido previamente un sentimiento que reclama por una intervención de mano dura.


Así las cosas, es sencillo y casi obligatorio aplicar a varios casos concretos el derecho penal del enemigo para construir un sentimiento de inseguridad en función de un enemigo plenamente identificado, donde cualquier acción pública resulta imprescindible para defender el bienestar y la seguridad de la sociedad.

Parece que el garantismo no ha sido debidamente entendido.


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