Para atraer a la inversión privada nacional y extranjera, se han dictado ya normas que trataban de prever la asociación público privada, como modalidad de delegación excepcional de cualquier proyecto en las áreas a que todavía se refiere el artículo 100 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (Copci).
Este artículo dispone que en forma excepcional, debidamente decretada por el Presidente de la República, cuando sea necesario y adecuado para satisfacer el interés público, colectivo o general, cuando no se tenga la capacidad técnica o económica o cuando la demanda del servicio no pueda ser cubierta por empresas públicas o mixtas, el Estado o sus instituciones podrán delegar a la iniciativa privada o a la economía popular y solidaria, la gestión de los sectores estratégicos y la provisión de los servicios públicos de electricidad, vialidad, infraestructuras portuarias o aeroportuarias, ferroviarias y otros.
La modalidad de delegación puede ser la concesión, alianza estratégica u otras formas contractuales de acuerdo a la Ley, observando, para la selección del delegatario los procedimientos de concurso público determinados en el reglamento, salvo cuando se trate de empresas de propiedad estatal de los países que formen parte de la comunidad internacional, en cuyo caso la delegación podrá hacerse de forma directa.
En marzo de 2015 se dictó el Reglamento del Régimen de Colaboración Público Privada que permite y facilita que las iniciativas privadas puedan referirse a cualquier proyecto relacionado con sectores estratégicos, servicios públicos o cualquier otro servicio de interés general, tanto nuevos como aquellos existentes, respecto de los cuales exista contratos en ejecución.
La vigencia de estas asociaciones y convenios público privados ya constituían una verdadera alternativa para reducir el riesgo político que tuvieron las delegaciones y privatizaciones convirtiendo al inversionista no únicamente en un proveedor de servicios o bienes sino que además se compromete como socio estratégico del proyecto que emprende con el Estado.
Hoy se debate la Ley Orgánica, pero su éxito requiere de estabilidad institucional y democracia plena.