MARIANA GUZMÁN VILLENA
Previamente conviene indagar el concepto de decreto, que según el jurista Guillermo Cabanellas es “la resolución de una autoridad sobre asunto, negocio o materia de su competencia. Normalmente se considera al decreto como la expresión de la potestad reglamentaria que compete al poder ejecutivo”.
De lo expuesto se colige que esta norma, cuya categorización es inferior a la ley, pero similar en su objetivo, se la crea para regular algo a través del mandato que proviene del gobernante de un país en un régimen democrático como expresión de su autoridad administrativa. En el devenir de la historia universal ha habido decretos y decretos, entre los más reconocidos y mencionados esta el famoso Decreto de Graciano, recopilación del derecho canónico, efectuada por este monje jurista. Otros, que espeluznan solo evocarlos por su crueldad y evidente desprecio a los derechos humanos, como aquellos dictados por gobiernos de facto.
Pero adentrándonos en lo que es materia del presente, el Decreto 16, similarmente famoso por la polémica que generó su promulgación, salió a la luz en junio del 2013, recibiendo desde entonces un rechazo especialmente de las asociaciones u organizaciones al considerarlo una intromisión exagerada del poder gubernamental, pretendiendo vigilar todo desenvolvimiento institucional.
Sin duda era necesario un control a ciertas agrupaciones, especialmente aquellas que, recibiendo ayudas económicas extranjeras, no solo que no cumplían con sus objetivos, sino, y lo mas grave, no rendían cuentas a nadie, convirtiéndose las entidades que administraban en feudos personalizados. Pero de esta realidad a que se pretenda tergiversar la esencia del derecho constitucional a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria, hay un gran trecho, peor amenazar con disolver una institución bajo el pretexto de haber politizado su desenvolvimiento, soslayando lo que garantiza nuestro decreto supremo inherente a la libertad de expresarse, no imponiendo concordar solo con la posición política del gobierno, pues es legítimo discrepar.