Las asociaciones público privadas APP pueden ser definidas como aquellos contratos de mediano y/o largo plazo suscritos entre la autoridad pública y un consorcio de partes o inversionistas privados que buscan desarrollar un fin conjunto gracias a la unión de capitales públicos y privados. En definitiva, nos encontramos ante una figura que supera conceptos contrapuestos como la privatización y la concesión, pues busca una alianza estratégica beneficiosa para los sectores económicos inmersos sin necesidad de generar una falsa e inocua rivalidad.
Las APP pueden mostrar diversos modelos, empero, destacan dos: aquellas que funcionan mediante un contrato de asociación público-privada y aquellas que lo hacen gracias al uso de una empresa mixta o similar donde la relación entre ambos sectores se realiza en derredor de una entidad generada que se encarga de la gestión de la infraestructura.
A su vez, hay también distintas APP de naturaleza contractual y conforme al manejo del riesgo adquirido se podrán encontrar desde aquellas donde el sector privado asume todo el papel de la operación (B.O.O.) hasta otras donde opera públicamente un activo por un tiempo determinado permaneciendo el mismo en el sector público (O&M).
En cambio, las APP institucionales reclaman la generación o creación de una persona jurídica distinta de sus partícipes, donde necesariamente debe intervenir una entidad pública que buscará garantizar la entrega de una obra o la prestación de un servicio de beneficio público.
La ley de APP deberá, de forma expresa y clara, determinar cuáles son las cláusulas mínimas que los contratos de asociación deben contener para que se puedan cumplir con todos sus efectos.
El reto que debe enfrentarse es el hecho que una ley no puede atraer inversiones si paralelamente no existen condiciones necesarias para que puedan fluir, pues no debe perderse de vista que entre el 2010 y el 2014 Ecuador recibió muy poca inversión extranjera directa muy a pesar de que también se dictó una ley que trataba de canalizar las inversiones.
Ojalá que las buenas intenciones no sean desvanecidas por la presencia de un nuevo ente regulador que podría desconocer el espíritu de las APP.