El presunto delito que se investiga es el peculado bancario con un aparente perjuicio de 200.000 dólares.
Reclutaban gente en la calle y les ofrecían 20 o 30 dólares para que prestaran sus nombres abriendo una cuenta de ahorros en una cooperativa, de la que luego falsificando las firmas y otros documentos, se hacían entregar préstamos sin que el cuantahabiente tuviera conocimiento.
El monto de la estafa no está aún establecido con precisión, pero se presume que podría ser cercano a los 200.000 dólares, en razón de que se habla de 132 créditos y por el modus operandi, todos eran de 1.500 dólares se entregaban el mismo día de apertura de la cuenta o máximo al siguiente día.
Este proceso tiene como antecedente la denuncia presentada por Édgar Pazmiño Guerrero, como gerente y representante legal de la cooperativa Confianza, Administración, Servicio y Ahorro Garantizado (Casag), quien dio a conocer que el 21 de marzo de 2013 recibió la denuncia de María Garrido, en la que decía haber sido estafada por María R.D., empleada de la cooperativa.
La denunciante había dicho que fue contactada en los exteriores de la cooperativa y le ofrecieron 30 dólares a cambio de que su nombre abra una cuenta de ahorros en la cooperativa.
Luego de unos días, se acercó a la entidad crediticia a averiguar los requisitos para obtener un préstamo, pero con sorpresa se enteró de que ya tenía un crédito por 1.500 dólares, préstamo que jamás había sido solicitado por ella.
Detalles
El denunciante hizo saber que en marzo de 2013, la ahora procesada María R. D. presentó su renuncia irrevocable al cargo y que luego la cooperativa procedió a revisar todos los créditos otorgados por la empleada, concluyendo que presumiblemente se habrían otorgado 132 créditos de manera arbitraria.
Estos créditos se habrían otorgado a personas cuya edad oscila entre 21 y 25 años de edad y se entregaron sin los documentos de respaldo.
Según la denuncia, los otros procesados habrían intervenido facilitando la elaboración de solicitudes bancarias, de apertura de cuenta y de crédito, quebrantando así la confianza que debe existir en el sistema bancario. (LC)
Segunda formulación de cargos
La audiencia de formulación de cargos en este caso se inició en julio de 2014, pero en marzo de 2015 la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha declaró la nulidad desde esa instancia procesal, por existir una resolución carente de motivación en la que se han dispuesto medidas cautelares.
También se aceptó a trámite una acusación particular fuera del tiempo establecido por la Ley, lo que incide directamente en la decisión de la causa. En esta nueva formulación de cargos se dictaron medidas sustitutivas a la prisión preventiva, esto es, prohibición de salida del país y la obligatoriedad de presentarse ante la autoridad.
El dato
En este caso se dictaron medidas sustitutivas a la prisión preventiva.