Probablemente cuando los lectores revisen esta columna, el proyecto de enmiendas ya habrá sido aprobado por la Asamblea Nacional, no obstante, pretendo confirmar unas breves ideas sobre su juridicidad y oportunidad.
En primer lugar, se demuestra que el modelo adoptado en Montecristi para las modificaciones constitucionales denominado ‘Reforma de la Constitución’ es plenamente manipulable, en especial cuando existe una Corte Constitucional que defiende claramente un constitucionalismo de proyecto político en lugar de uno de derechos.
El debate ha sido de poca factura, pues desde el inicio perdió su naturaleza democrática, para transformarse en una mera “socialización” que se centró en la discusión de la reelección indefinida y en aquella necesidad de mantener y fortalecer la neo institucionalidad gestada durante el largo gobierno de la Revolución Ciudadana, donde además la descalificación de otros actores ha sido la estrategia cotidiana.
En cuanto a su contenido existen hechos consumados como aquel de considerar servicio público al derecho de comunicación que ya ha sido previamente aceptado por el órgano contralor de la constitucionalidad, otros peligrosos e inconvenientes como la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas normalmente encomendadas a la Policía Nacional y otros sencillamente polémicos como aquel de modificar el régimen laboral de los trabajadores del sector público o el de debilitamiento institucional de la Contraloría.
A todas luces se advierte la presencia de restricciones a los derechos constitucionales y un claro desprecio y manejo de la participación democrática, pues pese a la importancia de los temas en juego se ha preferido preterir la consulta popular gracias a una antojadiza interpretación de las normas jurídicas vigentes.
Lo que ha sido visible, sin duda, es la persistencia de una propaganda exacerbada sobre las supuestas ventajas de su aprobación donde se advierte que el fin justifica los medios, así sean, como en este caso, contrarios al derecho. Por lo dicho, la mayoría de las enmiendas, a pesar del dictamen de la Corte, son inoportunas e improcedentes.