Los países de América Latina se abren paso a un nuevo ciclo económico y político, porque hay un evidente descenso en las exportaciones de las materias primas, han caído los precios de los hidrocarburos (petróleo y gas) y China pasa por un momento de desaceleración, sin olvidarnos que esta potencia es uno de los mayores acreedores e inversionistas de la región. ¿Cuánto le debemos a este coloso? La década de crecimiento llegó a su fin, pero lo más interesante al final de este capítulo es analizar cómo se administró la bonanza en los diferentes bloques, pues indudablemente no se aprovecharon las oportunidades y los recursos de la misma manera en Ecuador y Bolivia, Argentina y Brasil, Chile y Venezuela, solo por citar unos cuantos ejemplos.
Este nuevo ciclo económico abre el telón para un nuevo ciclo político como ha sido evidente en las elecciones de Argentina y luego en las de Venezuela, sin que las variables económicas expliquen en su totalidad el giro hacia otro tipo de gobiernos, que no sean los autodenominados progresistas. Pero, sin lugar a duda, la población de algunos países comienza a preguntarse por qué todo cambió de un momento a otro como en Venezuela, donde la inflación supera los dos dígitos, hay desabastecimiento de productos y el mercado negro se lleva por delante el valor de la moneda nacional ante un precio del dólar cada vez más alto, situación que también se evidencia en Argentina. La situación económica de no crecimiento, de bajas inversiones extranjeras directas, desempleo e inflación junto con un discurso de polarización dan paso a nuevas propuestas políticas.
En este contexto, Bolivia en el gobierno de Evo Morales ha tenido un manejo económico diferente, pues a diferencia de sus homólogos de Ecuador y Venezuela, ahí hay reservas, crecimiento y reducción de la pobreza, por lo tanto hubo una administración de la riqueza más conservadora, pese a la misma matriz política de izquierda nacional populista. ¿Cuánto se tendrá que aprender de Bolivia y desaprender de Venezuela y Argentina? Esta pregunta deberá responder el Gobierno ecuatoriano y también la oposición.