La Asamblea Nacional se apresta a aprobar en definitivo debate la Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, más de medio siglo después de que la Junta Militar de Castro Jijón promulgara una ley de Reforma Agraria y Colonización.
Esa primera Ley no fue capaz de cambiar la suerte del campesino ecuatoriano. Antes no lo hizo la Revolución Liberal y antes la Independencia ni siquiera lo tomó en cuenta. La Ley de Tierras de la Revolución Ciudadana tampoco apunta a resolver el problema del agro. Lo que hace es adecuar la situación del campo ecuatoriano a las necesidades de la modernización capitalista en el marco de la consolidación del Estado-nación.
Así lo demuestra el espíritu mercantilista que se desprende del tratamiento que la Ley da a la tierra, con lo cual estrangula más el derecho ancestral de nuestros campesinos indios a sentir que la tierra es parte de su vida y ahonda la desigualdad estructural de la propiedad. Como la Ley del 63, esta también va de arriba hacia abajo, privilegiando el interés del capital e ignorando el del campesino.
Esta Ley se declara incapaz de eliminar el latifundio, argumentando absurdos sobre los pisos climáticos y la productividad de la tierra, detrás de lo cual solo están los beneficios que la Ley otorga a la agroindustria y su alianza con el capitalismo corporativo mundial. Es una Ley que prepara el camino para la manipulación de las semillas y para garantizar industrialmente la seguridad alimentaria.
Otro fraude histórico, en definitiva, de la Revolución Ciudadana. Junto con la Ley de Recursos Hídricos, el Plan Semilla y algunos acuerdos ministeriales se oculta la necesidad de cambiar la matriz productiva para hacer, desde el campo, la verdadera revolución que el Ecuador necesita.