Esta semana se ha gestado un debate bastante interesante sobre los alcances del nuevo reglamento de la ley orgánica de telecomunicaciones donde nuevamente ha resurgido el fantasma de un recurrente enemigo del poder: las redes sociales.
El problema estriba en el control y regulación de contenidos que, aunque la LOT claramente lo excluye, al parecer el reglamento, en contra de los estándares internacionales y de la misma Constitución y la Ley, deja un resquicio para regular, restringir, interferir, limitar y hasta sancionar a los usuarios de Internet. Es decir, cuando se trate de fustigar a los ciudadanos que disienten con el gobierno de turno, se tendría vía libre, como ha sido costumbre, para la inversión del orden jerárquico de las normas y aplicar la más punitiva y contraria a los derechos.
Preocupa mucho esta situación, más aún cuando ha sido pública y notoria la desproporcionalidad mostrada por los operadores judiciales en varias sanciones dictadas en contra de personas que han esgrimido criterios en redes sociales y hasta han disciplinado otras expresiones irreverentes como los monigotes.
Es el momento de defender la libertad de expresión en el ámbito digital y para ello existen muchos instrumentos internacionales que deberán ser estudiados y divulgados como la ‘Declaración conjunta sobre libertad de expresión e Internet’ con seis principios generales que se orientan a mostrar el hecho de que la libertad de expresión se aplica en Internet del mismo modo que en todos los medios de comunicación: “Las restricciones a la libertad de expresión en Internet solo resultan aceptables cuando cumplen con los estándares internacionales que disponen, entre otras cosas, que deberán estar previstas por la ley y perseguir una finalidad legítima reconocida por el derecho internacional y ser necesarias para alcanzar dicha finalidad”.
La neutralidad de la red debe ser una constante y además el Estado no puede trasladar los enfoques de reglamentación desarrollados por otros medios de comunicación directamente al Internet. No se puede cejar en la defensa de la libertad de expresión en el Internet.