El Gobierno frente al Issfa

Sigue el debate, en el ámbito nacional, sobre lo ocurrido hace poco con relación a la disposición del Gobierno Nacional de debitar del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISSFA, la suma de 41 millones de dólares que supuestamente fueron pagados en exceso en la compraventa realizada a pedido del Gobierno, de terrenos de propiedad del Issfa al Ministerio del Ambiente para el Parque Samanes en Guayaquil.


Lo indicado dio lugar a reclamos por parte de militares en servicio pasivo, señalando que la disposición afectaba a los intereses de los asegurados bajo el régimen del Issfa. Esto fue apoyado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la reacción del Presidente de la República fue la destitución del Alto Mando Militar y su reemplazo por un nuevo Comando.


Como epílogo de lo anterior se anunció que el día 11 de febrero, según informó el ministro de Defensa, Fernando Cordero, fue removido el Director del Issfa y reemplazado por un oficial de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. La remoción tuvo lugar por no atender el Director del Issfa el pedido de la Procuraduría para que el Issfa devuelva los 41 millones presuntamente pagados en exceso.


El Issfa, como también el de la Policía Nacional, fueron creados en la reforma a la Ley del Seguro Social luego de serios estudios realizados con la asesoría de personas expertas en la materia. Dichas instituciones son autónomas y consecuentes con la diferencia de las condiciones de los trabajadores en general y de los miembros de la fuerza pública. Al tratar de los acontecimientos relatados hay que hacerlo sin la intervención política de quienes apoyan por una parte e impugnan, por otra, la actuación del Presidente.


No es posible que los fondos que garantizan el buen funcionamiento de los seguros sociales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional sean manejados de acuerdo al criterio cambiante de los diversos miembros del Gabinete. Se justifica la defensa que se ha hecho por parte de miembros de la Fuerza Militar pasiva y con el apoyo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en algo que dice en relación a un Instituto que se fundamenta en conocimientos técnicos relativos al funcionamiento de la seguridad social.


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