En abril de 2015, los “sesudos” asambleístas oficialistas aprobaron la Ley de Justicia laboral, que ahora pretenden corregir con otras reformas, mediante una sugestiva Ley Orgánica. Los puntos centrales son: la posibilidad de solicitar licencia de nueve meses, sin sueldo, para cuidar del hijo recién nacido; la creación del Seguro de Desempleo, que será financiado con el 1% de los fondos de cesantía, y la posibilidad de disminuir las horas laborables y pagar de acuerdo con las trabajadas.
Las centrales sindicales anunciaron su rechazo a la norma aprobada en la Asamblea, porque consideran un retroceso al derecho laboral. Empresarios y trabajadores están insatisfechos. Opinan que en nada estimulan la inversión y la disminución del desempleo.
Según Cedatos, apenas el 35% de los encuestados respondió que conocía el contenido de las reformas laborales aprobadas por Alianza PAIS. Y de ellos, el 65% cree que estas medidas no ayudarán a resolver el problema del desempleo. La preocupación de los ecuatorianos por el desempleo creció al 28%. Además, los problemas económicos son los que más inquietan al 60% de la población. El pesimismo de la gente respecto al futuro del país ha crecido y la necesidad de un cambio también.
Joaquín Viteri, exdirector general del IESS, advirtió que el Estado está afectando los recursos previsionales de la Seguridad Social, con la obligación histórica desde 1937 de entregar el aporte del 40%”, y la sustracción del 1% del patrimonio del trabajador.
La pegunta el millón: ¿Qué persona sensata pediría al patrono que quiere trabajar menos horas y ganar menos salario? Cuando requiere mayores ingresos familiares por el alto costo de vida. Para el seguro de desempleo que no garantiza empleo alguno: ¿Con cuánto aporta el Estado? Es risible el gobierno samaritano con bienes públicos. (O)