En todos los tonos se ha criticado la abierta campaña política realizada por el actual gobierno, utilizando los recursos del Estado y sostenido a través de la ‘impuestomanía’ aplicada cada vez más en detrimento de la pauperizada economía de los ecuatorianos.
Algo que bordea el cinismo es como sucedió el 2 de julio de 2016, en Guayaquil, cuando una dignataria de la Asamblea Nacional y sus acólitos pedían a la ciudadanía acercarse para ser carnetizados al movimiento de gobierno, simultáneamente con la presencia de entidades públicas, tipo casa abierta.
Desde todo punto de vista, desnaturaliza la pobre explicación de las asambleístas de Alianza País, que lejos de cumplir con el mandato constitucional de legislar y fiscalizar, que para ese rol las designamos, se han dado a la menesterosa tarea de subordinarse a los halagos del poder.
Deberían por el contrario dedicarse, aunque sea en estos últimos días, a leer lo que establece la Constitución y el artículo 219 del Código de la Democracia respecto a la prohibición sobre el uso de recursos públicos para actos proselitistas.
La Contraloría General del Estado ya es tiempo que deje de lamentarse permanentemente y pase a la acción, porque en la práctica nadie resulta ser culpable en el uso descarado de los recursos del Estado que es de propiedad de los ecuatorianos.
En todo país en el cual prevalezca el autoritarismo los diversos poderes que debieran ser los contrapesos para equilibrar el gobierno, son sumisos a las decisiones del Ejecutivo, tal y como acontece en el Ecuador. Por esa razón, es menester que la ciudadanía reflexione adecuadamente para escoger las próximas autoridades de elección en 2017, que respeten la Carta Magna del Estado y que en las instancias del gobierno subsista la pluralidad ideológica respectiva. (O)
