El primero de octubre se proclamó la candidatura de Lenín Moreno y Jorge Glas como binomio aspirante a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, respectivamente. Desde todo punto de vista, se trató de un acto político protagonizado por el movimiento Alianza País del gobierno.
Probablemente la convocatoria hubiera pasado inadvertida para la mayoría de ecuatorianos, más preocupados por solucionar sus problemas familiares, pero lo vituperable de este hecho está en que la transmisión se hizo a través de los medios de comunicación que se definen como públicos, que con sus recursos pertenecen al pueblo. Con mucha testarudez no se quiere comprender que los canales públicos son administrados por el Estado, que éste no es lo mismo que el gobierno y que no es lo mismo que el movimiento gobiernista.
El mandatario calificó a este hecho de “legítimo” y de “interés público” porque estaban él y el Vicepresidente, pero se equivoca al decir que los medios de “su gobierno” transmitieron la convención cuando los medios son del Estado, es decir de todos los ecuatorianos.
Si, de este modo se define a esta noticia, igual noticia es la proclamación de otros candidatos, por lo que es de presumir que en los medios de la ciudadanía se dedicará el mismo tiempo a la exposición de las otras candidaturas. El país demanda que se investigue de dónde partió la orden del uso de recursos públicos para una actividad partidista y se establezcan las respectivas responsabilidades administrativas y penales.
Al respecto, varios partidos políticos han presentado los pedidos de investigación al Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Contraloría General del Estado sobre esta infracción electoral y uso de recursos públicos en la transmisión de la convención gobiernista, que prohíbe la Carta Magna del Estado y el Código de la Democracia. (O)