Jaime Vintimilla
El desalojo de indígenas shuar de la comunidad Nankintz y la presencia militar en Panantza han mostrado la necesidad de activar mecanismos efectivos de manejo de conflictos socio-ambientales, es decir, de aquellos que aparecen en relación a los recursos naturales existentes, a su “uso, control, manejo, acceso o explotación”.
Es decir, “aluden a procesos que involucran a dos o más partes conscientes de una incompatibilidad social, política o cultural, real o percibida, en torno al uso, control, manejo, acceso o explotación de espacios y/o recursos naturales”. Infortunadamente, estos conflictos, simétricos y asimétricos, son la muestra de visiones e intereses distintos y opuestos que colisionan entre sí causando graves afectaciones al medio ambiente y a los pueblos y nacionalidades indígenas, donde además existe una vulneración grosera de sus derechos constitucionales.
A esta realidad se suma el hecho contradictorio y falaz de concebir a la explotación de recursos naturales como aquel mecanismo que permitirá mejorar e impulsar el estado plurinacional así como hará posible la supervivencia de los pueblos indígenas, inclusive aquellos en aislamiento voluntario.
En no pocas ocasiones las industrias extractivas han demostrado ser especialmente problemáticas y continúan teniendo efectos desproporcionados sobre los pueblos indígenas. Los megaproyectos generan graves impactos económicos, sociales, culturales, ambientales y jurídicos para los derechos indígenas.
Bajo la denominación de impactos jurídicos se engloba a lel irrespeto de los instrumentos normativos nacionales e internacionales que se centran en la debilidad práctica que tiene la defensa de estos pueblos como titulares de derechos que enfrentan al estado y a las empresas. Entre los principales efectos negativos están la manipulación, la inobservancia y el menosprecio por los derechos de consulta que tienen los pueblos indígenas y tribales y el debilitamiento de los derechos de propiedad colectiva e incluso individual de la tierra con los correspondientes efectos culturales.
¿Será factible el uso de mecanismos de manejo de conflictos basados en el diálogo?