Jaime Vintimilla
Los resultados de un último estudio realizado por el Colegio de Abogados de Pichincha sobre la calidad de la justicia ha propiciado un debate entre el Consejo de la Judicatura y el gremio de profesionales del Derecho.
En primer lugar, lo que molesta es el hecho de la falta de objetividad del órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial que, desde siempre, ha mantenido una conducta de reacción sesgada ante cualquier información que ha osado mostrar aspectos que, según ellos, no son verdaderos ni reales.
El estudio en mención muestra una historia que no ha cambiado, más allá de las formas expresadas en edificios y en concursos de mérito y oposición, donde parecería que la independencia y calidad de la administración de justicia constituyen todavía un problema que no ha sido resuelto.
Tachar de muestra no representativa a los resultados de la encuesta es desconocer a un 14,2% de abogados de Quito que han expresado su criterio o, al menos, su percepción sobre la independencia judicial, el estado actual de la administración, la confianza y el nivel de decisiones judiciales es ser parte de un modelo poco humilde –autoritario- que se regodea únicamente en sus visiones, haciendo caso omiso de la otra orilla. Lo desgarrador es que los resultados confirman algunas tendencias que se han mantenido o empeorado a lo largo del tiempo y que han sido sistemáticamente maquilladas. Resulta preocupante que un 71,4% considere que existe poco o a nada de independencia judicial, que para un 69% de abogados el estado actual de la justicia sea pésimo o malo, que un 70% piense que la justicia es poco o nada confiable y que un 60% insista en el hecho que el nivel jurídico de las decisiones judiciales es poco o nada calificado.
Por su parte, el Consejo de la Judicatura, en cambio, indica que el 55,6% de 17.000 abogados muestra satisfacción y que un 62% mantiene confianza en el sistema de justicia. Lo cierto es que más allá del desencuentro de las cifras, la justicia no puede funcionar sin independencia interna y externa. Solamente una justicia independiente garantiza la vigencia de la democracia.