Jaime Vintimilla
El 5 de febrero se conmemora la publicación de la llamada Constitución Mexicana de 1917 que es, sin duda alguna, uno de los hitos latinoamericanos más importantes del constitucionalismo social, pues “realizó un verdadero salto en el tiempo al constitucionalizar derechos para grupos en situación de vulnerabilidad, como los campesinos y los trabajadores”. Por esta razón, se reconoce que la revolución mexicana fue la primera en el mundo “en consignar en una Constitución los sagrados derechos de los obreros”.
El fervor en la nación mexicana es comprensible, pues ahora a más de las celebraciones oficiales, varias universidades y expertos han realizado investigaciones sobre la importancia de la histórica Carta Magna y de su proyección en el mundo, tal es el caso de la misma Constitución de Weimar de 1919.
Es una norma que buscó proteger y garantizar los derechos “de las clases sociales oprimidas”, ya que el objetivo que buscaba era eliminar la exclusión social, política y económica” de grupos que habían sido explotados sistemáticamente a lo largo de la historia.
Por estas razones, resulta trascendental que en América Latina surja un debate sobre la naturaleza del constitucionalismo imperante, ya que hay claros visos de una ruptura constante entre las normas máximas y su aplicación, en el sentido que se ha cedido a las imposiciones ideológicas o autoritarias que desnaturalizan la razón de ser de las Constituciones y en especial del constitucionalismo social de posguerra que completó la iniciativa mexicana para equilibrar los excesos del individualismo recalcitrante que debía ser atenuado jurídicamente mediante la existencia de otros tipos de derechos.
Es menester también analizar la participación de la población en la elaboración de las constituciones y en esa línea resulta imprescindible evitar la presencia de mandatarios que hablen y actúen en su nombre concentrando el poder gracias a la anulación de las libertades individuales, la imposición de criterios políticos dominantes o la ampliación del poder ilimitado del Estado divorciado de un mínimo control ciudadano y jurídico.