Kléber Mantilla Cisneros
La segunda vuelta se realizará el 2 de abril. Sin embargo, el intento de fraude y manipulación electoral del 19 F pasará a la historia como el mayor detonante de indignación y desconfianza del correísmo. El grito en las calles fue rendición de cuentas y cárcel para el líder y los vasallos salientes de un sistema estructural de corrupción instaurado durante la última década.
No solo fue la falta de respeto a lo expuesto en las urnas sino el pedido de justicia y castigo para el delincuente que robó la fe pública. Sin duda, un apetito por extender el poder político, tras una mascarada, tiene sus reveces. Más, cuando se cohabita en medio de una extraordinaria crisis social y moral pues el desempleo masivo y corrupción son un dolor de muela que las autoridades quieren anestesiar pero no hay forma.
El Gobierno saliente dio muestras de ser un pésimo perdedor pues un 65% del electorado votó en su contra. No hay duda de que ya no son ‘más, muchísimos más’ y lo peor de todo es que el pueblo lo sabe y el miedo colectivo se perdió. De ahí que la ciudadanía quiere en charol la cabeza del principal involucrado en casos de corrupción que ahora intenta otra de vez de vice-presidenciable. No se trata de la ‘derecha’ como dicen los medios del Gobierno, sino del hastío frente al cinismo. De la presencia de un espíritu antidemocrático tonto, tramposo y corrupto. Los que cantaron y bailaron antes de hora ya van malheridos y todo un pueblo lo sabe. La tarima engaña demasiado.
Fue tal la indignación de quienes salimos a las calles que el fraude electoral nos importó un bledo. Este gobernante que de criminal pasa a víctima con facilidad tiene que ir a la cárcel pues el descaro de la mentira tiene su límite y atrae consecuencias funestas.
Esa suspensión de entrega de resultados electorales permitió identificar al personaje más repudiado de todos: Juan Pablo Pozo. Ese que tiene pendiente cárcel por tramposo y servil a la dictadura. Está claro que no hay independencia de poderes pues él nos dejó un ambiente de enredo y de nula credibilidad a lo que venga. Lo honesto sería su renuncia inmediata.
La interrupción del conteo de datos y esas movidas fraudulentas develan una crisis institucional a cargo del grupo de bandoleros que dominó la década de corrupción aún sin nombre. Claro, el proceso de retirada no merece dejar un país incendiado y dividido y aunque nos pidan la guerra siempre los escrúpulos priman.