Réplica de la Procuraduría

MAR, 05, 2017 |


Nota del Editor:
en el Art. 23 de la Ley Orgánica de Comunicación en cuanto a la réplica se dice: “Los medios de comunicación tienen la obligación jurídica de publicar dentro del plazo de 72 horas, contadas a partir de presentado el reclamo de la persona afectada, de forma gratuita, con las mismas características, dimensiones y en el mismo espacio, sección u horario; las rectificaciones a las que haya lugar”.



La carta original del Procurador tiene en su parte sustantiva 4.662 caracteres con espacios, y el texto que la suscitó 1.580, publicado el viernes 24 de febrero bajo el título ‘¡Qué Procurador!’.




Es falso que el Procurador General del Estado haya facilitado alguna operación para que se repare la hidroeléctrica San Francisco pagándose simbólicos daños y menos aún que haya habilitado nuevas contrataciones. Las competencias del Procurador General del Estado establecidas en la Constitución y en la Ley, no prevén la posibilidad de habilitar ningún tipo contratación, menos aún intervenir en la determinación de precios o en la adjudicación de contratos, que son de exclusiva responsabilidad de las entidades contratantes. La publicación confunde el papel de la Procuraduría General del Estado relacionada con la facultad de autorizar que se transija una controversia en la que intervenga una institución del sector público prevista en los artículos 5 literal f) y 12 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, con la ya derogada facultad de dar autorizaciones previas para contratar.



Por otro lado, el editorial afirma que la Procuraduría General del Estado descalificó y promovió juicios contra Odebrecht para luego llegar a un acuerdo, calificándolo como “chanchullo”, al sugerir que la transacción realizada implicó un manejo ilícito para conseguir lucro a través de un “vuelto” o “yapa”. Estas afirmaciones son falsas y difamatorias, porque el Procurador General del Estado no tiene competencias legales para calificar o descalificar a una empresa, ni lo hizo respecto a la empresa brasilera.


Además, cuando surgió el incumplimiento, Hidropastaza no era una empresa pública sino una compañía anónima y los procedimientos y pasos administrativos y judiciales que dio, los hizo sin la participación o autorización de la Procuraduría General del Estado, pues no la necesitaba a esa época.


Por otra parte, ante la controversia suscitada por la ejecución del contrato de ingeniería de detalle y construcción del proyecto hidroeléctrico San Francisco, en mayo de 2010, siendo ya una Empresa Pública, el Gerente General de Hidropastaza EP presentó a la Procuraduría General del Estado la solicitud de autorización de acta transaccional a suscribirse entre la EP y el consorcio Odebrecht Alstom Va Tech, con el fin de llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto.


La Procuraduría General del Estado al amparo del artículo 12 de su Ley Orgánica, mediante informe favorable de 1 de octubre de 2010 autorizó transigir y desistir de todas las acciones planteadas en relación con las controversias referidas, incluyendo el arbitraje en sede nacional y la acusación particular que se seguía en contra de los funcionarios y representantes del consorcio, una vez que se superaron las observaciones y requerimientos exigidos para la autorización de la transacción, entre las que se destacan las siguientes:


1. Odebrecht asumió el compromiso de ejecutar a su costa las reparaciones y obras complementarias necesarias para dejar en funcionamiento el proyecto hidroeléctrico en las condiciones que fueron acordadas en el contrato original, obras que estaban en ejecución al momento del acuerdo.


2. Odebrecht asumió el pago de los 20'000.000 de indemnización a Hidropastaza, según la valoración hecha por la EP, en compensación de los daños causados por la paralización de la hidroeléctrica.


3. Las glosas y responsabilidades determinadas por la CGE como consecuencia de los exámenes especiales de las addendas 6, 8 y 9, fueron desvanecidas en informes de 26 y 27 de agosto y 1 de septiembre de 2010, de manera que ya no estaban vigentes a la fecha del acuerdo definitivo.


4. Odebrecht asumió la garantía técnica de las obras de reparación y los equipos que se requiera sustituir durante la reparación.


Se debe señalar que en el caso de la acusación particular, la autorización dejó expresamente a salvo el derecho de la Fiscalía para continuar con el proceso penal, así como de la determinación de responsabilidades por parte de la Contraloría General del Estado.


El sostener que los acuerdos suscritos conllevaron al pago de "millonarias coimas" que según el editorial sería responsabilidad del Procurador General del Estado, constituyen expresiones de descrédito que lesionan la dignidad y honra del Procurador, lo que conlleva la responsabilidad ulterior del medio de comunicación.


Para concluir, debo poner en su conocimiento, que las facultades del Procurador General del Estado, se encuentran determinadas tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado y su Reglamento, dentro de las cuales no se contempla la de pronunciarse sobre los asuntos técnico-económicos y fórmulas de pago de los contratos del sector público.


Diego García Carrión
PROCU DOR GENERAL DEL ESTADO
Cc: Carlos Ochoa, SUPERCOM



 

 

 

 

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