Transparencia y madurez

Jaime Vintimilla

En momentos donde la división y la ausencia de certeza nublan la objetividad de la ciudadanía, se advierte que la sombra de un eventual fraude y la aceptación de los resultados electorales van de la mano con varios aspectos previos que deben comprenderse para entender la gravedad de los acontecimientos.


En primer lugar, en palabras del maestro Salgado Pesantes, el modelo político trazado en la Constitución de 2008 es el hiperpresidencialismo constitucional que se caracteriza por “la acumulación de tantas atribuciones en una sola persona” que lo convierte en el centro de gobierno de un Estado o en la llave del régimen, dejando en desequilibrio al resto de funciones que giran en torno a los designios de la personalización del poder.


En segundo momento, todo el proceso electoral ha adolecido de una serie de elementos que lo envuelven en un manto de suspicacia, pues ha sido público y notorio el hecho de observar una campaña basada en el abuso del aparato estatal, ya sea por la utilización de “medios públicos” para acusar y desacreditar al candidato opositor con hechos erróneos, ya sea con la inauguración de obras, ya sea con la intervención directa de servidores públicos, entre otras anomalías.


A esto debe sumarse la crispación política que ha mostrado que a pesar de la vigencia de principios democráticos y normas jurídicas, la impugnación ha sido aceptada por el oficialismo bajo amenaza de judicializarla si no existe certidumbre en lo que la oposición reclama.


Después de los resultados urge aprender a escucharnos, pero primero hay que aceptar que existe una diferencia de criterios y posiciones que reclama un estadista generoso y humilde, además debemos siempre desterrar y desconfiar de la violencia, pero nunca de la fuerza del Derecho y de la Ética, pues nos permitirá ver la situación difícil con otros ojos, claro está, siempre que existan servidores públicos y jueces probos e independientes.


Es hora de dejar a un lado las amenazas, la descalificación hipócrita y la judicialización de la política, pues urge centrarnos en dirigir el país hacia un futuro prometedor, caso contrario, el despeñadero será el destino.


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