Estatización de la sociedad civil

ABR, 14, 2017 | - Por Juan Sebastián Vargas


 

Jaime Vintimilla


 

Un nuevo proyecto de ley ratifica lo que desde Montecristi ha sido una práctica cotidiana, pues si bien por un lado, la Carta Constitucional reconoce a los ciudadanos una gran cantidad de derechos, por otro persiste la interpretación de organismos públicos de que el Estado debe administrar dichos derechos de acuerdo con los designios, necesidades, ideologías y conceptos de aquellos que manejan el poder. Es decir, el respeto de los derechos se supedita a la discrecionalidad de los servidores públicos y de los operadores judiciales.

 


En este siniestro escenario debe entenderse el nuevo proyecto denominado ‘Código Orgánico de Participación Ciudadana y Control Social’ que infortunadamente presenta, entre otros dislates, la confusión entre derechos constitucionales de participación y derechos constitucionales de los pueblos y nacionalidades indígenas.

 


No es factible ni jurídicamente posible, entonces, que un derecho como el de la Consulta previa se convierta en mera participación descontextualizando su esencia de ser un derecho que permite el respeto de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Es triste que normas de este calibre permitan la manipulación de derechos protegidos con estándares internacionales e incluso con sentencias de órganos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 


En realidad, el proyecto busca transformar a los decretos 16 y 739 en norma legal orgánica, pero persiste en mantener una gran cantidad de conceptos jurídicos indeterminados, ambigüedades y equivocidades que hacen que las organizaciones de la sociedad civil puedan ser disueltas por causas nada concretas y lo que es peor con una relativización del debido procedimiento administrativo. En consecuencia, se aplica con justeza la frase bíblica “vino viejo en odres nuevos”.

 


Por otra parte, me adhiero plenamente a los sesudos criterios esgrimidos por INREDH donde se llega a la conclusión que de aprobarse esta norma existirá una injerencia estatal altamente preocupante que distorsionará desde la constitución de estas organizaciones hasta la naturaleza de control que puede terminar en la completa censura y dominación de las actividades y fines de la sociedad civil.

 

 

 

 


jvintimilla@lahora.com.ec

 

 

 

 

 

 

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