Luisa Ortega presentó recurso ante el Supremo por considerar que no cumple «con extremos legales». Opositores y chavistas marchan en Caracas.
CARACAS, EFE
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, presentó ayer ante el Tribunal Supremo un recurso contra el proceso de cambio de la Constitución, que impulsa el gobierno de Nicolás Maduro y que organiza el Poder Electoral, por considerar que no cumple «con los extremos legales».
«Estoy pidiendo a la Sala Electoral ahora, que declare la nulidad de las decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE) primero, la decisión de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente por considerar que el decreto presidencial no cumplía con los extremos legales», dijo la fiscal desde la sede del Poder Judicial.
Ortega Díaz pidió el jueves pasado a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo aclarar una decisión con la que este dio luz verde a Maduro para impulsar la Constituyente sin que se convocara un referendo previo para preguntar a los electores si estaban de acuerdo con iniciar este proceso.
‘El pueblo debe convocar’
La alta corte decidió esta semana que la fiscal no estaba legitimada para solicitar esta aclaratoria. Por ello, explicó hoy Ortega Díaz, el Ministerio Público intenta esta segunda acción «para defender la soberanía popular, para defender la Constitución» y «especialmente porque es el pueblo soberano el que tiene la potestad de convocar» una Constituyente.
«Estoy aquí para intentar un recurso contra la constituyente (…) un recurso contencioso electoral de nulidad, conjuntamente con amparo cautelar y subsidiariamente medida cautelar innominada de suspensión de todos los efectos de la Constituyente», explicó.
Además, solicitó también declarar la nulidad de las bases del proceso «porque son inconstitucionales». «Considero que el CNE incurrió en violaciones de los principios de progresividad de los derechos humanos, violación de la legalidad administrativa, del principio de igualdad y del voto, el derecho al sufragio y la participación política, el principio de la soberanía constitucional, especialmente ese», afirmó.
Rechazo a Maduro
La fiscal instó asimismo a los venezolanos a rechazar la iniciativa presidencial de cambiar el ordenamiento jurídico y a acudir al Supremo para «hacerse parte como terceros (…) y rechazar tal convocatoria».
«Yo creo que con esto también estamos destruyendo el legado del presidente Chávez (…), el chavismo es una corriente de pensamiento, no es un partido político, es una filosofía de vida y este es el principal legado del presidente Hugo Chávez», aseguró.
Ortega Díaz se ha distanciado del Gobierno en los últimos meses al denunciar primero la ruptura del hilo constitucional por parte del Supremo y posteriormente al rechazar la Constituyente.
Asamblea censura a ministro
La Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), de mayoría opositora, aprobó un voto de censura al ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, por la «represión» de los cuerpos de seguridad durante la oleada de protestas que sacude el país desde hace 69 días y que ha dejado 67 muertos.
Con el voto de los opositores y la ausencia de la bancada del chavismo, la Cámara aprobó esta moción, que constitucionalmente implicaría la destitución de Reverol si el Parlamento no se encontrase en una situación de desacato tras una sentencia del Tribunal Supremo.
En 69 días de protestas
Ya son 67 las muertes
El Ministerio Público venezolano (MP, Fiscalía) cifró ayer en 67 las muertes registradas en hechos violentos relacionados con las protestas a favor y en contra del Gobierno de Nicolás Maduro que sacuden la nación desde hace 69 días.
El director general de Actuación Procesal del Ministerio Público del país caribeño, Sair Mundaraín, aseguró en la emisora estatal RNV que hasta la fecha el órgano penal ha procesado 67 muertes por diferentes motivos en el marco de la oleada de protestas.
Sobre los hechos registrados en estas manifestaciones se están ejecutando 1.631 investigaciones, 1.307 de la cuales son por personas lesionadas, y adicionalmente se adelantan 122 procesos por daños a la propiedad pública y 255 a la privada.
Mundaraín indicó que hay personas detenidas que «ya están siendo procesadas» por varias de esas causas.