AUTOR: Agustín Sánchez
Sin ser un tema nuevo, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en el año 2016 mediante resolución expidió la Norma que Regula las Acciones de Emisión y Operación Tarjetas Crédito, siendo que en su artículo 11 determina entre otros, la obligatoriedad de parte del establecimiento afiliado de recibir la tarjeta como medio de pago; y, la obligatoriedad del establecimiento de que el precio para el pago con tarjeta, sea el mismo precio que al contado. Hago alusión a esta norma porque de manera frecuente nos encontramos frente al abuso de locales comerciales grandes y pequeños, de imponer un recargo adicional por el pago con tarjeta de crédito, mismo que según lo manifestado contraviene a lo resuelto por la Junta.
Los establecimientos argumentan que este recargo les ayuda a hacer frente a los valores que deben cubrir ante las instituciones bancarias por el uso de dispositivos y servicios para el cobro de tarjeta de crédito, pero omiten en su análisis, que la tarjeta es un medio de pago cada vez más utilizado para la adquisición de distintos bienes y servicios, como referencia según información de la Superintendencia de Bancos cortada a marzo de 2017, existen 2’584.377 de tarjeta habientes principales, lo que sumado a tarjetas adicionales y de débito, incrementa sustancialmente los usuarios de este medio de pago, en un número nada despreciable. Esta mala costumbre de recargos “ilegales” por pago con tarjeta en los comercios, contraviene cualquier iniciativa de impulso al turismo y al desarrollo del sector comercial de la ciudad, peor aun cuando el momento de este arbitrario incremento se lo realiza una vez realizado el consumo. Esto es importante concientizar en los comerciantes, pues el afectado precisamente es su sector, el “asumir” esa comisión con tarjeta de crédito implica incrementar el universo de consumidores en su establecimiento, importante tarea a impulsarse desde las cámaras productivas y organismos rectores. La obligación de cambio también recae en los consumidores, no podemos quedarnos de brazos cruzados, si queremos que las cosas mejoren hay que defender nuestros derechos, denunciando estos atropellos, ya sea ante la Superintendencia de Bancos o aplicando el mecanismo que establece la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor ante la Defensoría del Pueblo.
Si los objetivos de ciudad se centran en explotar turísticamente los importantes atractivos que Ambato brinda, empecemos por ser cumplidores de la ley otorgando un trato justo y amable a los turistas que vienen por consumir lo nuestro.