AUTOR: Ángel Polibio Cháves
En pocos días, el Presidente de la República deberá enviar a la Asamblea una proforma del presupuesto general del Estado, lo que nos permitirá avizorar por donde transitará la política económica del nuevo gobierno. Es muy probable que parte del financiamiento de ese presupuesto se nutra de ingresos provenientes de la explotación minera, lo que sin duda nos enfrentará a un grave dilema: política extractivista o conservacionista; explotación en gran escala o a nivel artesanal.
De hecho, el gobierno anterior otorgó concesiones a empresas mineras trasnacionales para explotar importantes yacimientos en la región Amazónica; todo ello obedecía a la necesidad de contar con recursos para afrontar los enormes gastos que la política inspirada por el economista presidente lo determinaba; no fue suficiente el ingreso por los altísimos precios del petróleo, ni los recursos obtenidos por préstamos usurarios, ni obviamente, la contribución generosa del pueblo ecuatoriano que con sus tributos aportó con más del cuarenta por ciento de los recursos disipados por el gobierno revolucionario. Había que echar mano de todo lo que estuviera al alcance del depredador para su política populista.
Resulta entonces sumamente difícil para el actual gobierno adoptar una decisión. Es como si se tratase de escoger entre propiciar la explotación del trabajo de un adolescente a quien en la frágil condición de su ser, se le obliga a agotar sus sueños y energías para mantener su hogar, con grave riesgo de su futuro, o limitar su acción a lo que corresponde a su condición, dejando espacio para su normal desarrollo físico, emocional e intelectual y buscar otras fuentes de ingreso.
¿Será posible una explotación minera limitada sin afectar el equilibrio ecológico y la biodiversidad?, o ¿apostamos a una explotación a gran escala con todos los costos que ello implicaría? ¿Pueden existir otras alternativas? He ahí el dilema.