Una de sus labores será la de fiscalizar, dicen los miembros. La sociedad pide investigación a la escuela de Quito.
Margarita Carranco, activista en temas de la niñez y la adolescencia; y Annabell Guerrero, del Observatorio de Género y Violencia del Colegio de Abogados de Pichincha, destacaron ayer la iniciativa de la Asamblea de integrar la Comisión Ocasional ‘Aampetra’ para investigar casos de abuso sexual en el sistema educativo. Aseguraron que sus integrantes tienen una labor fundamental, no solo para recabar información, sino para evitar que se vuelvan a dar esos hechos. Según sentencia judicial, en Aampetra (Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari) se produjo la violación y el abuso de 41 menores por parte de uno de sus profesores durante un año.
Carranco manifestó que la Comisión puede mejorar la legislación para crear un sistema de protección para los niños y los adolescentes en el que intervengan Ejecutivo, Legislativo, ministerios, gobiernos seccionales y el Ministerio de Educación, como ente rector. “Tiene que haber en el sistema educativo una política pública de protección. Cómo es posible que no se hayan dado cuenta (en Aampetra) de que eso estaba sucediendo”, dijo Carranco.
Guerrero añadió que la creación de la Comisión implica, de alguna manera, la fiscalización al Ministerio de Educación, que es la instancia que debe velar por la integridad y la seguridad de los estudiantes.
“Esperemos que la Comisión lleve adelante una investigación seria y se tomen medidas, pues el rector de esa institución aún ahora sigue negando la reparación a las víctimas”, manifestó la abogada. Agregó que es la oportunidad de que se dicten protocolos para prevenir y combatir la violencia sexual y sicológica en los establecimientos.
Medidas que ya se están tomando, aseguró el ministro de Educación, Fander Falconí, quien durante un taller sobre los alcances del Plan Nacional de Convivencia Armónica y Cultura de Paz, manifestó que está dispuesto a acudir a la Comisión a responder las preguntas que tengan que hacerle. “Con 911 tenemos un protocolo de respuesta especializada a niños y adolescentes en caso de violencia sexual. Esto ya lo vamos a empezar a implementar”, dijo Falconí.
Los comisionados
El asambleísta Franklin Samaniego (PAIS), integrante de la Comisión, dijo que una labor fundamental será la de fiscalizar, la de hacer el seguimiento de las sanciones administrativas y judiciales para verificar que se hayan ejecutado. “Tenemos cuatro temas fundamentales: la prevención, erradicación, reparación, seguimiento y auxilio que tienen que dar el Estado y la política pública”, dijo Samaniego.
Espera que se convoque a una primera reunión para aprobar la hoja de ruta, que deberá incluir, dice, requerir información al Ministerio de Educación sobre las acciones administrativas que se tomaron con la institución y docentes inmiscuidos; revisar los plazos en que la administración de justicia tomó medidas y si se están cumpliendo, entre otras.
“Es un reto importante para nosotros. A parte de ser asambleístas, creo que la gran mayoría de los que integramos la comisión somos padres y algo que debemos procurar es que no vuelva a pasar lo que ocurrió en esa academia”, dijo Héctor Muñoz (CREO-SUMA). Agregó que se investigará a profundidad y se coordinará con entidades del sector público para que proporcionen información de lo que está pasando y tomar medidas. Al igual que Samaniego, también confía en que la reunión de los comisionados se cumpla lo más rápido posible para empezar el trabajo. (HCR)