Oposición reta a Maduro

REPRESIÓN. Guardias bolivarianos arrestan a todos los opositores que pueden. (AFP)
REPRESIÓN. Guardias bolivarianos arrestan a todos los opositores que pueden. (AFP)

Hoy, gran marcha contra la Constituyente. 108 fallecidos en las protestas. Crece ingreso de venezolanos a Ecuador.

CARACAS, AFP-EFE

La oposición venezolana extenderá a toda Venezuela su protesta convocada para hoy en Caracas, en abierto desafío al Gobierno de Nicolás Maduro, que prohibió manifestaciones que afecten la votación el domingo de la Asamblea Constituyente.

«Las calles de Venezuela son del pueblo, no de la dictadura», respondió la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

En un ultimátum para que Maduro suspenda la elección, los opositores cumplen el segundo día de una huelga de 48 horas, que ya deja cuatro muertos -tres el miércoles y dos ayer-, que elevaron a 108 los fallecidos en las protestas que iniciaron hace cuatro meses.

La MUD advirtió que si el Gobierno no da marcha atrás con Constituyente, pese a la huelga y la marcha del viernes, «boicoteará» la votación para elegir a los 545 asambleístas que reformarán la Carta Magna y que regirán el país por tiempo indefinido con facultades absolutas.

‘Va porque va’

Sin embargo, ante un multitud de seguidores, en el cierre de campaña de la Constituyente, Maduro reiteró que «llueva, truene o relampaguee, la Constituyente va», pese a las presiones internas y externas.

107
muertos en las protestas.La Constituyente echó leña al fuego en un país polarizado y sumido, pese a su riqueza petrolera, en una profunda crisis económica, donde la comida y las medicinas escasean, los precios suben todas las semanas y el salario no alcanza para nada.

‘El emperador Trump’

El ministro del Interior, Néstor Reverol, anunció que a partir de hoy quedan prohibidas las manifestaciones que perjudiquen los comicios, y amenazó a quienes organicen y realicen actos para interferir en la votación con «prisión de cinco a diez años».

Reverol garantizó la seguridad del proceso durante una comparecencia con la presidenta del poder electoral, Tibisay Lucena, ambos incluidos en una lista de 13 funcionarios y militares sancionados la víspera por el Gobierno de Donald Trump.

Estados Unidos justificó su medida acusando a esas figuras de «minar la democracia» y por su «responsabilidad» en actos de violencia o corrupción, y advirtió que quienes «se sumen» a la Constituyente estarán expuestos a otras sanciones.

«Su majestad el emperador Donald Trump ha dado la orden de que suspendamos la Constituyente (…) y le digo al emperador Donald Trump que el pueblo manda en Venezuela», expresó el mandatario en la concentración.

Pero no solo Estados Unidos ha presionado para frenar la Constituyente. Gobiernos de Latinoamérica y Europa han expresado preocupación por un agravamiento de la crisis y de la violencia.

Un cheque en blanco

Según analistas, tanto el rechazo interno como externo afectan la legitimidad de la Constituyente, por lo que el Gobierno busca evitar una alta abstención, tras los 7,6 millones de votos que la MUD asegura obtuvo en el plebiscito simbólico que hizo el 16 de julio contra esa iniciativa.

«Es la carta definitiva, de todo o nada, de un Gobierno que para mantenerse en el poder necesita suspender la democracia, y esto tiene un costo», aseguró la analista Colette Capriles.

Maduro, cuya gestión es rechazada por 80% de los venezolanos según la firma Datanálisis, asegura que la Constituyente traerá paz y bonanza económica al país, pero la oposición sostiene que con ella solo busca perpetuar al chavismo en el poder e instalar un sistema comunista.

Será un «cheque en blanco», advirtió la fiscal general, Luisa Ortega, veterana chavista que rompió con Maduro, al llamar a los venezolanos a hacer todo para detenerla.

VUELO. El último entre Caracas y Bogotá lo realizó ayer Avianca. (AFP)
VUELO. El último entre Caracas y Bogotá lo realizó ayer Avianca. (AFP)

Impiden ingreso de Lanata

Por otra parte, el canciller de Argentina, Jorge Faurie, dijo sentir un «gran disgusto» después de que Venezuela impidiera el acceso al país del mediático periodista argentino Jorge Lanata, quien viajaba a Caracas para cubrir las elecciones del próximo domingo.

Faurie señaló que pidió además al embajador venezolano en Buenos Aires que intervenga «ante este rechazo del conocido periodista».

Ecuador por diálogo

La canciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa, insistió ayer en que su país acompañará «todo proceso de diálogo» en Venezuela, donde, en su opinión, hay una situación «compleja».

80%
de venezolanos rechaza a Maduro. La titular de la diplomacia ecuatoriana subrayó en Teleamazonas que la Constitución habla de la no injerencia en asuntos internos de otros Estados y del respeto a la soberanía.

«Obviamente hay una situación compleja en Venezuela. Ecuador ha señalado que acompañará todo proceso de diálogo», comentó la ministra de Exteriores.

Señalo que el Gobierno «no cree en sanciones unilaterales» ni en «actitudes prescriptivas que dictan lo que un país tiene que hacer o no». Asimismo, opinó que el espacio de la Organización de Estados Americanos (OEA) «no es el adecuado para ventilar estas dificultades».

Impiden ingreso de venezolanos al país

Organizaciones de Derechos Humanos y Movilidad denunciaron ayer que las autoridades migratorias ecuatorianas a han excluido en la frontera con Colombia a alrededor de 800 personas de nacionalidad venezolana que salieron por tierra desde hace varios días, impidiendo su ingreso a Ecuador.

En este grupo se encuentran mujeres que viajan con niños así como otras personas con necesidad de atención prioritaria. La situación es crítica debido a que el mencionado grupo está en el punto de control migratorio de Rumichaca sin que puedan ingresar al territorio ecuatoriano ni retornar a su país de origen.

Las organiza iones subrayan que el Estado ecuatoriano no ha reconocido esta grave situación. Por el contrario, ha denegado discrecionalmente el estatuto de refugiado a la población venezolana, ha intensificado el control migratorio y está aplicando la exclusión en frontera a través de procedimientos que no garantizan el debido proceso, hechos que están desencadenando una grave crisis humanitaria.