La entidad inició el proceso luego de que el Presidente transparentara la crisis que atraviesa el país.
Mediante acuerdo número 024-CG-2017, fechado el lunes, el contralor, Pablo Celi, ordenó un examen especial a la legalidad, las fuentes y los usos de la deuda pública interna y la externa entre el primero de enero de 2012 y el 24 de mayo de 2017.
La acción se cumplirá en el Ministerio de Finanzas, el Banco Central, la Secretaría Nacional de Planificación y otras entidades relacionadas con la contratación y uso de los recursos públicos provenientes de deuda. Entre los considerandos para emitir este acuerdo consta que es imprescindible realizar este examen “dada la situación de la deuda pública descrita por el presidente (Lenín Moreno), en cadena nacional del viernes”.
En ese enlace, Moreno manifestó que las deudas del Estado ascienden a 57.788 millones de dólares y que las decisiones que se tomaron en el anterior Gobierno no fueron mesuradas poniendo al límite la sostenibilidad de la economía.
Precisamente la asambleísta Mae Montaño (CREO) acudió ayer a ese organismo para exigir que se cumpla ese examen. Aseguró que era necesario que las cifras presentadas por Moreno estén respaldadas por informes de auditoría. “Necesitamos más información, información veraz, el valor exacto de la deuda. No creemos que los 57.000 millones que nos habla el Presidente sea todo”, dijo la legisladora.
Agregó que la Contraloría debe determinar si hay cifras que no han sido registradas, quiénes autorizaron esos endeudamientos y que se informe de qué manera se utilizó la deuda pública. “Sospechamos que ocultar información no es gratuito. (…) Presumimos que hay valores de la deuda que habrían sido utilizados en gasto corriente, lo que configuraría peculado”, advirtió Montaño.
Voz oficialista
El asambleísta Juan Lloret (PAIS) aseguró que es una competencia de la Contraloría realizar exámenes especiales. Sin embargo, añadió, no se debe “satanizar” el valor de la deuda ya que sirvió para incrementar el patrimonio del Estado. “Desarrollar y continuar con algunas obras que son importantes para el desarrollo. Tomando el ejemplo del sector privado, qué sería de una empresa privada si es que no tuviera capacidad de endeudamiento, eso sería grave. En el Estado ocurre lo mismo, si no tendría capacidad de endeudamiento deberíamos preocuparnos”, dijo el legislador integrante de la Comisión de Régimen Económica.
Descartó que la diferencia del monto de deuda entre lo presentado por Correa y Moreno se deba a que antes haya existido un “maquillaje” de cifras. “Eso no se podía haber dado porque las cifras están consolidadas”, aseguró. (HCR)
MI OPINION EN 60 SEGUNDOS
‘Hay deuda con China que es un misterio’
Víctor Hugo Albán, analista económico
“Algo pasa, alguien está diciendo lo que es y alguien lo que no es. A la Contraloría le corresponde decir quién tiene la razón. El análisis debe poner atención en la contratación de la deuda externa. Hay deuda contratada con el Banco de China, que es un misterio. Nadie sabe en qué condiciones la dieron, cuánto se paga de interés, el plazo, porque es secreto de Estado y es una deuda pública que no tiene por qué haber secreto de Estado. Ya como se transparentó el valor real de la deuda (…) la Contraloría debería tener acceso para ver las condiciones en que se le endeudó al país”.
Contexto económico
El presidente, Lenín Moreno, aceptó el viernes y el lunes las obligaciones pendientes del Estado y detalló que el pago anual de la deuda se acerca por mucho al total de las inversiones necesarias para sostener los sistemas de Salud, Educación y Defensa.
No se equivocó. El mandatario ha detallado que el Estado requiere de entre 8.000 a 10.000 millones de dólares cada año «para cubrir el déficit fiscal y pagar las amortizaciones de deuda», además de otros pasivos del Estado.
Mientras que, de acuerdo con el Presupuesto General del Estado, para lo que resta del año, las prioridades de gasto suman 13.635. En detalle: a Educación se destinará 5.198 millones de dólares; a Salud, 2.779 millones; a Vivienda, 1.157 millones; a Bienestar Social, 1.048 millones; y a Seguridad, Riesgos y Defensa con 3.453 millones.
Dicho de otra forma, el país destina para pago de deuda un equivalente al 73,3% de los recursos destinados para Educación, Salud, Vivienda, Bienestar Social, Seguridad y Defensa.
Las cifras sobre el nivel de endeudamiento actuales difieren de las expuestas por el Gobierno anterior que, a su salida, y considerando solo las cifras de la deuda agregada, aseguró dejar al país con una deuda de 27.871 millones. Para entonces la deuda agregada sumaba 41.893 millones
Pero en estas cifras no se tomaban en cuenta los rubros adeudados entre instituciones públicas como el IESS y el Banco Central. Considerando estos rubros, según las últimas cifras expuestas, la deuda pública asciende a 57.788 millones de dólares.