El monto podría superar los 59 millones de dólares, según revelaron los delatores ante la justicia de Brasil
ARGENTINA, LA NACIÓN
La cifra oficial que informó en Washington ascendió a 35 millones de dólares, pero el verdadero monto ya llega a 42 millones y podría superar los 59 millones. Según surge de los documentos que durante las últimas semanas analizó La Nacion, buena parte de lo pagado en sobornos continúa todavía en las sombras.
La operatoria que desplegó Odebrecht en el país muestra varios rasgos comunes a todos sus proyectos: la participación de «socios locales» con buena llegada al Ministerio de Planificación Federal, la injerencia de lobbistas que se encargaron del dinero negro y el uso intensivo de sociedades offshore para transferir millones desde y hacia paraísos fiscales.
Esos mismos documentos no revelan, sin embargo, cuánto habría sido el dinero pagado en efectivo, valijeros mediante, dentro de la Argentina o en el exterior.
Sus probables protagonistas, a los que contactó La Nación, aún callan, aunque el nuevo jefe de Compliance de Odebrecht, Michael Munro, también cree que la cuenta final de los sobornos será mucho más elevada.
«Esos números van a cambiar, no estamos tratando de esconder nada», afirmó Munro. Esa posibilidad se debe, explicó, a que sellaron «en seis meses» el acuerdo con el Departamento de Justicia. «No tuvimos tiempo para una investigación completa, por lo que acordamos sobre la base de la mejor información disponible en ese momento, la que era correcta y honesta, pero antes de que se completara una revisión completa en esos países», sostuvo durante una entrevista con el portal peruano IDL-Reporteros, líder del proyecto de investigación sobre el Lava Jato que integra La Nación.
Lo que se sabe hasta ahora
Primero, que Odebrecht desembolsó 25 millones de dólares por el contrato para la extensión de las redes troncales de gas; otros 14 millones por el proyecto Aysa-Paraná de las Palmas y 3,3 millones para soterrar el tren Sarmiento. Total: 42,3 millones. ¿Es ése el monto final de las coimas? No. En el Sarmiento, por ejemplo, hay indicios de que las coimas en la Argentina pudieron trepar a 20 millones, más otros 5 millones para un ministro brasileño que destrabó el financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo (Bndes).
Según declararon los delatores de Odebrecht ante la justicia brasileña, además, esas cifras sólo corresponden a su participación porcentual en cada proyecto. En el caso del Sarmiento, sólo controlaba el 30% del consorcio durante la primera fase y el 50% durante la segunda. De respetarse esos porcentuales, la cifra total entonces podría superar los 10,6 millones. O llegar a los 28 millones en el de Paraná de las Palmas. Pero esa hipótesis es negada por todos sus socios locales.
La información que analizó La Nación expone, además, el supuesto rol del lobbista Jorge ‘Corcho’ Rodríguez para canalizar retornos en los tres proyectos. Aunque él niega toda ilicitud, delatores premiados de Odebrecht -Marcio Faria y Luiz Antonio Mameri, entre otros- lo marcaron en Brasil y su nombre llegó a Estados Unidos. ¿Qué declararon? Que tras la muerte de Néstor Kirchner, Rodríguez se ofreció para destrabar las deudas del Gobierno a cambio de «pagos indebidos» para Planificación Federal, ministerio del que dio un nombre en particular: Roberto Baratta, el lugarteniente de Julio De Vido.
Si el «Corcho» apareció en los tres proyectos, en dos de ellos -redes de gas y Paraná de las Palmas- también intervino el entonces presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, de aceitados vínculos con el kirchnerismo. Según los delatores de Odebrecht, Wagner les planteó cuáles eran las reglas de juego para ganar negocios en la Argentina: asociarse con empresas locales como la suya -la constructora Esuco- y aportar el dinero negro que él les dijera, cuando les dijera, como les dijera y a quien les dijera. Pero Wagner lo niega.
Siempre según esos arrepentidos, el número dos de Ángelo Calcaterra en la constructora Iecsa, Javier Sánchez Caballero, asumió el mismo rol que Wagner en el proyecto para soterrar el Sarmiento. A él le atribuyen fijar montos y fechas. Pero Sánchez Caballero también niega ese rol. Iecsa y Esuco no eran las únicas empresas locales con las que Odebrecht se asoció. También Benito Roggio, Supercemento, Cartellone y BTU, una empresa a la que Faria definió como «altamente indicada por el cliente estatal», es decir, Planificación Federal, mientras que Mameri los calificó como parte de las «reglas de juego» argentinas. Reglas que no eran una «imposición legal», sino de la «corrupción» y la «cartelización».
Las coimas en los tres proyectos se pagaron pari passu. Esto es, a medida que el Estado pagaba cada etapa concluida.
Paraísos fiscales
En esos documentos también aflora el uso intensivo de cuentas offshore para pagar coimas desde el Credicorp Bank, de Panamá, y el Meinl Bank, de Antigua. Desde allí operaron las firmas fantasma Select Engineering Consulting and Services, Trident Inter Trading y Klienfeld Services, que transfirieron millones a una cuenta en Uruguay de la firma Sabrimol Trading, cuyo ex director Carlos Dentone atribuyó al ‘Corcho’ Rodríguez.
Por contraste, esos documentos evidencian también el material que aún resta conocer sobre Argentina. Faltan datos sobre quiénes son los funcionarios que recibieron coimas y que aparecen como «Festanca» -«fiestero» o «festivo» en portugués- y «Duvidoso» -«dubitativo»-. Y faltan precisiones sobre el acuerdo espurio que la constructora brasileña selló con Manuel Vázquez, testaferro confeso del entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime y del que hasta ahora sólo salieron a la luz 80.000 que Vázquez reclamó por mail.
En la misma línea, el «doleiro» Leonardo Meirelles declaró ante los fiscales argentinos y brasileños sobre las transferencias que hizo desde su sociedad «pantalla» RFY Import & Export al actual jefe de la inteligencia argentina, Gustavo Arribas. Por todos esos rubros pendientes -a los que podrían sumarse los supuestos aportes de campaña en negro o datos sobre las obras en YPF y en Córdoba-, la suma negra de Odebrecht podría superar con creces los 59 millones y dejar aún más atrás la cifra oficial de 35 millones que admitió en EE.UU.