Ratifican año de prisión para Chambers y Portilla

CASO. El nombre de Chambers estaban en el pedido de amnistías que se presentó al Legislativo
CASO. El nombre de Chambers estaban en el pedido de amnistías que se presentó al Legislativo

Pablo Chambers y Gerardo Portilla fueron parte de la Comisión que concluyó que Rafael Correa sabía de los contratos de su hermano.

Pablo Chambers y Gerardo Portilla fueron notificados de la decisión de la Corte Nacional de Justicia de declarar improcedentes los recursos de casación que ellos presentaron contra la sentencia que los condena a un año de pena privativa de la libertad. Así lo ha confirmado el mismo Chambers, que también afirmó estar dispuesto a cumplir la condena.

“Esto contradice lo que el gobierno está tratando de hacer, el espíritu que indica el Presidente que quiere cambiar la justicia e ir en contra de la corrupción, nosotros fuimos los primeros que indicamos los problemas que iba a haber con Odebrecht, así como la cortina panameña, donde estaba metido Mossak Fonseca”, dice. Además, dice que se sigue sintiendo perseguido y desprotegido.

El informe

La historia comenzó cuando en el año 2012, Chambers y Portilla, junto a José Quishpe y Víctor Hugo Hidalgo, presentaron el mencionado informe a la Contraloría y al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) con los resultados de su investigación. Ellos conformaron una Comisión Veedora que integró el mismo el mismo CPCCS.

El expresidente Rafael Correa negó categóricamente haber conocido la existencia de estos contratos, por cuanto inició un proceso penal contra los miembros de la Comisión Veedora que, en esa época, estableció un perjuicio para el Estado de 143 millones.

De hecho, este mismo tema, motivó un proceso controversial de Correa contra los periodistas Christian Zurita y Juan Carlos Calderón, por haber incluido en su libro ‘El gran hermano’ una entrevista a Fabricio Correa en el que él afirmada que su hermano menor, Rafael, estaba al tanto de estos contratos. (MMD)

Calvario judicial

Para Chambers y Portilla, participar en una Comisión Veedora del Consejo de Participación Ciudadana fue el inicio de un calvario judicial en el que perdieron en todas las instancias, pese a que presentaron los documentos a partir de los cuales llegaron a la conclusión.