Consulta popular: una ‘ola’ que va tomando fuerza

CRITERIOS. Jaime Nebot, Guillermo Lasso y los miembros de la Comisión
CRITERIOS. Jaime Nebot, Guillermo Lasso y los miembros de la Comisión

Cada vez más voces apoyan esta puerta que abrió este lunes el presidente, Lenín Moreno.

Es indudable que la última cadena semanal del presidente, Lenín Moreno, dejó un mensaje claro: las puertas abiertas a la posibilidad de una consulta popular. Sus palabras no salieron de la nada. En las últimas semanas muchas voces se han manifestado públicamente a favor de una consulta que desmonte lo que consideran un aparataje armado por el correísmo.

Hay temas que van tomando más fuerza: eliminar la reelección indefinida, revisar la existencia del Consejo de Participación Ciudadana, revocar las funciones de las autoridades que han sido elegidas por este, modificar la Ley de Comunicación…

Y las voces se multiplican. Ayer, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, opinó que la consulta es una necesidad legal y constitucional. “Si usted le pregunta al pueblo cosas importantes, concisas y claras, y el pueblo responde, ese texto se incorpora a la Constitución», declaró en su enlace radial de los miércoles.

Para Nebot, las preguntas deben ser sobre si se debe recuperar la independencia de las Funciones del Estado, eliminar la posibilidad de que alguien que gana legítimamente la Presidencia se aproveche y se haga dueño de las Funciones, si se debe derogar la Ley de Comunicación, si el emprendimiento o los estudios deben limitarse a lo que quiere el Gobierno, si puede el Gobierno hacer ‘caja chica’ de los fondos del Banco Central…

“Hay muchos temas en los cuales hay que hacer que el país se pronuncie, y nadie mejor que el pueblo, que es el dueño de la democracia», sentenció.

‘Contará con mi apoyo’

Otro que se sumó a la ‘cruzada’ fue el excandidato presidencial Guillermo Lasso. Le recordó a Moreno que la convocatoria a una consulta era parte de sus propuestas. “Nuestro compromiso es fortalecer la institucionalidad del país. Si usted decide realizar una consulta popular, puede estar seguro de que contará con mi apoyo y el del bloque legislativo de CREO”.

Y también los miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción: “Frente al imperativo de una reforma urgente y rápida, se demanda la realización de una consulta popular, en la cual la ciudadanía podría expresarse y decidir en forma directa sobre diversas propuestas”, señala su comunicado. La Comisión también propone eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, restablecer el aporte del Estado al IESS, respeto a periodistas para trabajar sin amenazas ni limitaciones, autonomía universitaria, suprimir la reelección…

PAIS, acorralado

En el oficialismo, sin embargo, esta posibilidad no despierta tanta emoción. “La consulta tiene sus limitantes, como la imposibilidad de mermar los derechos de los ciudadanos y de modificar ámbitos que tienen que ver con la estructura del Estado”, respondió la asambleísta María José Carrión, y argumentó que para eso se requiere Asamblea Constituyente, pese a que PAIS aprobó enmiendas constitucionales a través de la Legislatura, cuando tenía la mayoría calificada.

Ella argumentó, contra el criterio de constitucionalistas de esa época, que no modificaron aspectos estructurales, como sería eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. “La intencionalidad política de los sectores de oposición es imponer una agenda, cuando lo que la gente necesita es que tanto el Gobierno como las otras funciones del Estado trabajemos para conquistar retos que la ciudadanía plantea en cuanto a sus derechos”, señaló. (MMD/DAB/ASC)

Muerte cruzada, ¿el contraataque de PAIS?

Luego de que el exconsejero presidencial Ricardo Patiño mencionara la posibilidad de una muerte cruzada, el asambleísta opositor Luis Fernando Torres respondió al ala más dura de oficialismo: “Dejen ya de creer que el Estado es Alianza PAIS, dejen de creer que el Presidente del Ecuador tiene que gobernar para Alianza PAIS, tiene que gobernar para los ecuatorianos y no para un partido”.

Como muerte cruzada se conoce a la posibilidad de que ante una crisis política y de gobernabilidad, cesan en sus funciones el Presidente y los asambleístas, a fin de convocar a elecciones inmediatas.