Juan Sebastián Vargas
El colombiano Ismael Arciniegas fue capturado en el año 2010 en China por traficar 4 kilogramos de drogas impregnados en su cuerpo a cambio de $ 5.000 dólares, después de 7 años de prisión y de haber reconocido el error y de intensas gestiones de la Cancillería Colombiana nada pudo evitar la sentencia de pena de muerte por el delito de narcotráfico, finalmente fue ejecutado el 28 de febrero de 2017 por las autoridades Chinas, lo último que se supo de él por una llamada telefónica a uno de sus hijos es que permaneció en una pequeña celda atado a una de las patas de la cama con una cadena de 16 eslabones, Colombia había luchado hasta el último minuto para detener la sentencia, fue imposible y es que los chinos no tuvieron compasión ni misericordia con un delito que para muchos resultaría menor.
El pasado 28 de agosto China pidió a las autoridades del Ecuador que respeten los derechos de los pescadores de nacionalidad china que fueron condenados a penas de cárcel de 1 a 4 años y multas por pesca de especies protegidas en la zona de Galápagos, el comunicado insta además a “proteger los derechos legítimos de las personas y las empresas chinas», es aquí cuando cabe la pregunta si; ¿en realidad se aplicó una verdadera Justicia en Galápagos? pues resulta que el daño ocasionado por el pesquero Chino capturado es irreversible, en el buque se encontraron 6.623 tiburones que incluían especies vulnerables y en peligro de extinción como tiburones martillo, zorro ojón y zorro pelágico y es que nuestras Islas Galápagos son parte de la reserva de la biosfera del planeta y con uno de los ecosistemas más frágiles.La afectación a la reserva marina se presume asciende a más de $ 36.8 billones, pues bien, si calculamos la deuda que tenemos con el país asiático incluyendo la venta anticipada de petróleo que al final de cuentas sigue siendo deuda, los chinos nos quedarían aun debiendo algunos miles de millones.
Ecuador no debería tener piedad ante un acto tan repudiable así como los chinos no lo tienen con delitos menores, se debe exigir una indemnización e imponer sanciones mucho más drásticas a quien vuelva a pescar en la zona de exclusión económica de nuestras queridas Galápagos.