César Ulloa
La metida de mano a la justicia vacía de sentido a cualquier democracia. Entre sus vicios mayores se encuentran la judicialización de la política y la politización de la justicia. Los dos se equiparan en aberración y perversidad. El primero tiene que ver con el ajuste de cuentas entre adversarios y termina en la persecución judicial, en donde uno tiene parcial o total influencia. Para el caso de Ecuador, algo que se podría acercar a este fenómeno es lo que viven, entre otros, Fernando Villavicencio y Cléver Jiménez, porque no se logra entender cómo se puede judicializar a quienes han denunciado y siguen denunciando los actos de corrupción.
Respecto de la politización de la justicia, lo más repudiable es la incidencia directa de cualquier actor político o función del Estado en hechos como la selección de los jueces, el tráfico de influencias en los fallos judiciales, la agrietada justicia interna y externa, las sanciones disciplinarias a operadores de justicia que no responden a intereses ajenos. Con este panorama, las dudas desbordan a las certezas, pues ayer los acólitos de la Revolución Ciudadana acusaban a la partidocracia del control de los cortes, pero ahora resulta que quienes mantienen altos cargos en el sistema de justicia provienen de las filas del oficialismo. Esta es otra contradicción de los revolucionarios.
En lo coyuntural, el intercambio de correos electrónicos entre el expresidente Rafael Correa y el actual presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, Gustavo Jalk, ponen en evidencia el peligro que significa para la democracia la interferencia de una función del Estado sobre otra, pero también desnuda el terrible efecto de que las principales autoridades del sistema de justicia hayan pasado por la función Ejecutiva, primero.
Por lo tanto, nunca será saludable para ninguna democracia la falta de independencia de cualquier función, así como el amiguismo, el compadrazgo y que además se queden por fuera de los concursos de oposición y merecimientos profesionales con credenciales probadas porque no son afines del Gobierno. De ahí, la necesidad de desmontar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que selecciona los más importantes cargos del Estado.