En Guayaquil, los abogados pidieron a los jueces cesados que ofrezcan los nombres de quienes presionaron.
Pese al grillete electrónico que lleva en su pierna, el exasambleísta Cléver Jiménez llegó ayer a la Fiscalía General para interponer, junto a dirigentes de nacionalidades indígenas, una denuncia penal contra el expresidente Rafael Correa. Lo hizo por el presunto delito de tráfico de influencias en la Función Judicial, y los demás delitos que en la investigación se identifiquen.
La denuncia se sustenta, fundamentalmente en la filtración de correos electrónicos que demuestran, según el exlegislador, “la metida de mano en la justicia”, ya que consta información sobre una supuesta influencia en los concursos de designación de jueces y presión sobre ciertos jueces.
Para Jiménez, uno de los actos que permitieron esa injerencia de Correa en la Justicia, ya en la práctica, fue la consulta popular de 2011, cuando se “logró cooptar el sistema de justicia” formando un Consejo de la Judicatura de Transición y luego uno definitivo, presidido por el exsecretario del expresidente Correa, Gustavo Jalkh.
“Esto empieza en 2011, desde el momento mismo en que el expresidente Correa ofreció ‘meter la mano’ en la Justicia”, recordó Jiménez. Afirma, además, que el Ejecutivo usó el Consejo de la Judicatura “para poner jueces acorde a su conveniencia y para poder perseguir a quienes denunciamos la corrupción”.
Si bien es cierto que Jiménez no confía en el sistema judicial ecuatoriano, piensa que es su deber denunciar. “Yo conozco los correos y cómo se metió la mano a las cortes”. “Tengo la esperanza de que el pueblo comience a exigir que se haga justicia, tenemos las pruebas más contundentes en los últimos correos filtrados por la periodista venezolana Patricia Poleo”, señaló.
El expresidente no se había pronunciado a través de sus redes sociales hasta el cierre de esta edición.
Más y más denuncias
En Guayaquil, un grupo de abogados demandó el cese de funciones del Consejo de la Judicatura (CJ). En el acceso principal al Palacio de Justicia, donde funciona la Corte de Guayas, arengaron su apoyo a las denuncias de los jueces destituidos e hicieron un llamado a aquellos exoperadores de justicia cesados a presentar sus quejas y a señalar con nombre y apellido a los funcionarios de Gobierno y abogados que hicieron de “mensajeros”.
César Alarcón Medrano, uno de los manifestantes, señaló que, de darse una Asamblea Constituyente, tiene que reformar la composición del sistema de Justicia.
Jorge Pérez, abogado litigante, opinó que nunca la Justicia cayó en el “bache en que hoy se encuentra por la intromisión del poder político”. Esto, mientras Alarcón revelaba que los plantones seguirán hasta generar la renuncia de todos los miembros de la Judicatura. (MMD/DAB)
Rechazan acusaciones
El jurista Gutemberth Vera, defensor judicial del expresidente Rafael Correa, rechazó algunas aseveraciones realizadas por la exjueza de lo Penal Djalma Blum, quien aseguró que le llevó escrita una sentencia contra el dirigente de CREO César Monge.
«Frente a las falsas y protervas aseveraciones realizadas por la exjueza, que fueron reproducidas por algunos medios, expreso mi más firme rechazo y repudio, ya que todas son falsas e infundadas, realizadas por la ex uncionaria, con el único fin de dañar mi reputación», escribe Vera en un comunicado.
El presidente de la Judicatura, Gustavo Jalkh, por su parte, ha negado cualquier injerencia sobre la Justicia y ha dicho que están investigando algunas de las denuncias presentadas.