La posibilidad de una nueva vinculación está cerrada. De haber más sospechosos, tendrá que iniciarse otro proceso.
Juan Gabriel Eljuri Antón se presentó ayer en el despacho de la fiscal Diana Salazar para rendir su versión libre y voluntaria dentro del proceso que investiga un presunto delito de captación ilegal de dinero, a través del South American International Bank (Sai-Bank).
El empresario acudió puntualmente al llamado e hizo su ingreso acompañado de un buen número de colaboradores y su abogado defensor, Roberto Guevara Llanos, quien trabajó en la Presidencia de la República durante el Gobierno de Rafael Correa. Ninguno hizo declaraciones. El abogado solo aceptó ponerse al frente de los micrófonos para señalar que no tiene autorización para conversar con la prensa.
Juan Eljuri Antón acudió al segundo llamado y bajo advertencia de hacerlo comparecer por la Fuerza Pública. El martes de esta semana, su hijo, Juan Eljuri Vintimilla, fue vinculado al proceso y la jueza Ana Guerrón acogió el pedido de la fiscal Diana Salazar y dictó la prisión preventiva para el nuevo procesado.
Nuevos operativos
En el marco de la misma investigación, la noche del miércoles se realizó un allanamiento a las oficinas de Almacenes Eljuri en Cuenca, de donde se habría recabado importante información documental sobre los hechos que se investiga.
Simultáneamente, se habría dado otro operativo conjunto de la Policía y la Fiscalía, en una oficina ubicada en Quito. Hasta el cierre de esta edición, no existía una versión oficial de los allanamientos, pero, extraoficialmente, se conoció que la documentación y otras evidencias incautadas fueron llevadas a la Policía Judicial de Cuenca. Esto, para hacer una clasificación y luego remitir todo a la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, en Quito.
No obstante, el mismo martes la fiscal Salazar pidió autorización para realizar los allanamientos en Quito y en Cuenca, dando la dirección exacta de las oficinas en las dos ciudades e incluso sus coordenadas. (LC)
El origen de este caso
Este proceso penal tiene como antecedente las investigaciones que se adelantan por el presunto delito de asociación ilícita, que tiene entre sus procesados al vicepresidente, Jorge Glas, a su tío Ricardo Rivera y al excontralor Carlos Polit.
En esta investigación se recopiló información de que el Sai Bank estaría siendo utilizado por personas relacionadas al caso Odebrecht, ingresando dinero al sistema financiero nacional mediante operaciones financieras sin tener la respectiva autorización de las entidades de control. Esto habría facilitado la realización de actividades de lavado de activos y otros actos de supuesta corrupción.