Ante el descalabro institucional que vive el Ecuador, se ha despertado una corriente que pretende sea el Presidente de la República quién en el marco de lo que determina la Constitución en su artículo 444 solicite una convocatoria a consulta popular para la instalación de una Asamblea Constituyente. Se podría entender como una medida urgente y necesaria, para que entre otras acciones sepulte a órganos como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ente sobre el cual recaen fundamentales atribuciones constitucionales para la institucionalidad del Estado y el ejercicio de la democracia, como son las de designar al Procurador General, Superintendentes, Defensor del Pueblo, Defensor Público, Fiscal General, Contralor General, a los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura. Esto sin excluir su atribución de investigar denuncias sobre actos u omisiones que generen corrupción, de lo cual poco o nada se ha hecho, pues es notorio que ha sido otro de los grandes ausentes en la lucha contra la corrupción en estos últimos diez años.
Está por demás claro que ante los últimos hechos de conocimiento público, así como la afinidad de los Consejeros del CPCCS con el régimen de Correa, vician de legitimidad las designaciones de las autoridades más importantes a nivel nacional, así como también demuestra que los procesos no se sujetaron a estrictos condicionamientos éticos y transparentes. El resultado es, un Contralor prófugo de la justicia; un ex Fiscal General cuestionado por sus tardías actuaciones en procesos judiciales, que además de no haber logrado sancionar a quienes beneficiándose de sus cargos afectaron intereses públicos, permitieron su fuga hacia el exterior; un Presidente del Consejo de la Judicatura del cual circulan audios en los que supuestamente permitió que el Ejecutivo interfiera campante en la justicia. Estos serían sin duda plenos justificativos para una Constituyente, con la que se reestructuren y depuren dichos órganos del Estado, pero me temo que esa medida no será la óptima, más aún cuando varias autoridades que se dan golpes de pecho indicando haber sido auditadas decenas de veces por un Contralor prófugo, siguen en altos cargos y con importantes cuotas de poder. En otros términos, la situación política actual no asegura en lo absoluto que una nueva constituyente caiga en otra novelería del momento donde se cambien nombres de autoridades y permanezca enquistado el sistema de corrupción que ha destruido el futuro de muchos ecuatorianos, especialmente de los más pobres.