La supervivencia política de Moreno depende de la Consulta Popular y es que, si no logra promoverla, pronto tendrá problemas de gobernabilidad que se han venido haciendo evidentes en estos primeros meses.
El tema crucial para la permanencia de Moreno es la reelección indefinida, que además de vulnerar el principio democrático básico de alternabilidad, constituye la posibilidad de que los presagios apocalípticos de Moreno se hagan realidad: una nueva candidatura de Correa. Es evidente que Correa, mantiene el control sobre la mayoría de los asambleístas de AP, que temen su regreso y el ajuste de cuentas que el mismo buscaría a quienes “traicionaron” la Revolución; solo de esta forma Moreno logrará finalmente ganar espacio en la Asamblea, para promover las reformas que pregona buscar, sigo creyendo que AP es un movimiento clientelar como la gran mayoría de partidos políticos en Ecuador, por lo que seguramente sin el temor de la sombra de Correa sobre la Asamblea, lo más probable es que la voluntad de los acérrimos correístas se vaya quebrando y se alineen con las propuestas legislativas de Moreno.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que a pesar del pomposo nombre no ha hecho ni lo uno ni lo otro, es un mecanismo fracasado, lo ha demostrado con los cuestionamientos que están teniendo por las designaciones que han realizado: Fiscales Generales que fueron asesores del ex Presidente o primos del mismo, un Contralor prófugo, Jueces Nacionales que mantenían comunicaciones con el Secretario Jurídico de la Presidencia o ex Presidentes del Consejo Nacional Electoral, que terminados sus periodos sacaban el carnet de afiliación a Alianza País, su eliminación o reforma -aún discutible- permitiría a Moreno dejar insubsistentes las últimas designaciones.
La Consulta Popular debe convertirse en eje central de la opinión pública, para que se incorpore de forma activa a la sociedad civil y se pueda armar cierta institucionalidad destrozada por 10 años de correísmo, no dependerá de Moreno, sino de la capacidad de presión que se ejerza desde los espacios de participación que existen, para buscar un sistema más justo y democrático.