Los independentistas confían en la movilización popular para mantener sus aspiraciones, pero Rajoy contraataca.
BARCELONA, AFP
El gobierno independentista catalán admitió ayer que la organización del referéndum de autodeterminación del primero de octubre quedó alterada tras las operaciones policiales contra su infraestructura y algunos de sus altos cargos, contestadas con manifestaciones separatistas en Barcelona.
«Es evidente que se han alterado las condiciones del juego», afirmó a la televisión pública catalana TV3 el vicepresidente del gobierno regional, Oriol Junqueras, cuyo departamento estaba a cargo de organizar la votación.
Y es que la presión contra la consulta, suspendida por el Tribunal Constitucional, se incrementa cada día.
Ayer, el Tribunal Constitucional anunció multas de 12.000 euros diarios a los miembros de la junta electoral creada para organizar la consulta, si no renuncian.
Llega la represión
El ministerio del Interior, mientras tanto, fletó tres buques que estarán fondeados en Cataluña para alojar refuerzos policiales.
Todo ello después de que 14 altos cargos del Gobierno regional fueran detenidos el miércoles, al tiempo que se requisaban millones de papeletas y miles de cartas dirigidas a los ciudadanos designados para trabajar en los colegios electorales.
Además, el Gobierno conservador español de Mariano Rajoy bloqueó las finanzas de la administración regional, excepto para el pago de servicios esenciales, que asumirá directamente Madrid.
«Es evidente que no estamos pudiendo votar como siempre», afirmó Junqueras, en cuyo departamento detuvieron a cinco altos cargos, entre ellos su número dos, Josep María Jové.
‘Quimera imposible’
Pese a todo esto, el presidente catalán Carles Puigdemont difundió en su cuenta de Twitter un enlace para que cada elector pueda ver dónde le corresponde votar.
Además, consideró en una tribuna publicada en el diario británico The Guardian que la Comisión Europea tiene «el deber de intervenir» ante un Gobierno español que, en su opinión, «ha vulnerado la Carta europea de Derechos Fundamentales».
Por su lado, Rajoy tachó de «quimera imposible» la celebración del referéndum, y pidió a los independentistas renunciar «a esta escalada de radicalidad y de desobediencia».
Indignación
Las últimas actuaciones policiales crisparon los ánimos de los independentistas en esta región nororiental de 7,5 millones de habitantes. «El camino hacia el primero de octubre está lleno de movilizaciones», advirtió el presidente de la organización independentista Omnium, Jordi Cuixart.
«Estamos muy quemados con todo lo que se está haciendo para impedir que un pueblo se exprese», dijo Ana Robredo, de 57 años.
«Me indigna pertenecer a un Estado en el que se hacen estas cosas, con el apoyo de la oposición» socialista, abundó José María de Mingo Sierra, un hombre de 48 años.