Agustín Sánchez
Son apenas cuatro meses los que han transcurrido desde que las nuevas autoridades parlamentarias asumieron tales dignidades, se quedan tan frescos en la memoria aquellos discursos que llamaban a recuperar la patria y hacer frente a la crisis económica con el ejemplo. Toda una campaña en la que se insistió que el gasto público debe reducirse, pues mantener las mismas condiciones de gasto derivaría en una situación insostenible. La presión o necesidad fueron tales, que el presidente Moreno entre las primeras acciones que adoptó, fue precisamente la reducción de sueldos en un 10% a los servidores públicos de nivel jerárquico superior. Quién iba a imaginar que las diferencias extremas entre asambleístas del oficialismo y oposición que los mantuvieron de esquina a esquina, hoy encuentre un cause común y los una en un solo puño, negándose a la posibilidad de que sus sueldos les sean reducidos. ¿Dónde quedó el ejemplo? ¿Los pobres de la patria? ¿La justicia social que tanto predican? ¿Los golpes de pecho con los que sacan a relucir que servir al país es un sacrificio?, vergüenza por decir lo menos produce aquella clase política que persigue exclusivamente su bienestar y no representan sino sus propios intereses. Historia que se repite en apenas un año, recordemos que muchos asambleísta tampoco contribuyeron con los afectados por el terremoto y fueron criticados por los mismos que ahora se aferran a su escala salarial.
La discusión surge del Decreto Ejecutivo 135, que se recoge en el Acuerdo Ministerial 152, firmado por el Ministro de Trabajo, que incluye una tabla con 26 cargos directivos, entre estos asambleístas, fijando un techo de $4.508 dólares lo que implica una reducción de $500 dólares a los ‘padres de la patria’. Varios de los ‘afectados’ pretenden trasladar sus argumentos al ámbito jurídico, indicando que no se rigen al Código de Trabajo y que ese Decreto no les es aplicable. Así, distraen su calidad de representantes de la ciudadanía, a quienes repetidamente dicen ¡Nos debemos!, confundiendo lo legal con lo socialmente justo. ¿Qué más podemos esperar?
Actuaciones como estas ponen al descubierto que no estamos salvos de repetir constantemente este capítulo triste de la historia, son aspectos que parecen tan sencillos pero que en el fondo demuestran las verdaderas intenciones de ciertos políticos. Por lo tanto no resulta extraño, que autoridades del más alto nivel estén vinculadas a los casos más grandes de corrupción en Latinoamérica. No solo en su dignidad de parlamentarios resultan ser intocables, esta condición también es extensible a los grandes sueldos que perciben.