Ideas generales

El lunes 02 de octubre empezó una nueva carrera política en el Ecuador; no se trata de elecciones de autoridad alguna, sino de responder positiva o negativamente 7 preguntas planteada por el Presidente de la República y que tienen que ver con diferentes aspectos del convivir social de los ciudadanos.

Parecería que de las 7 preguntas planteadas, 3 de ellas marcarían cambios en la institucionalidad del país. La disolución del actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con una posterior conformación, a dedo, de un nuevo Consejo interino hasta que pueda convocarse a una elección del mismo.

El segundo tema político tiene que ver con la reelección indefinida de un mismo ciudadano a un mismo cargo. En este tema, los admiradores del anterior presidente creen que la pregunta está formulada contra su posible retorno a Carondelet, pero olvidan que también se impediría la reelección de Alcaldes como Nebot, de Asambleístas que no cumplieron el encargo que les brindó el pueblo, Prefectos, Concejales y Consejeros, miembros de gobiernos parroquiales.

El tercer tema es el de la muerte política para todo funcionario público que haya sido condenado por la justicia como autor, cómplice o encubridor de actos de corrupción. La pregunta apunta, en forma correcta, a combatir los actos de abuso y apropiación de dineros públicos, pero también deberíamos pensar que la corrupción no solo se muestra en temas económicos, sino además en los abusos de la confianza y credibilidad ciudadana.

Otras preguntas tienen que ver con temas ecológicos y defensa de la naturaleza. Así por ejemplo el tema de la explotación petrolera en el parque nacional Yasuní que amplía su extensión en 50 mil hectáreas y el permiso de explotación se reduce a la tercera parte. Esta pregunta, por su redacción resulta ambigua y engañosa, pues desconoce la tecnología moderna que permite la explotación a distancia de cualquier recurso natural. Sin estar presente en el terreno es posible extraer petróleo o cualquier otro recurso, provocando daños ecológicos en otros lugares.

La pregunta sobre la explotación minera también es ambigua porque el Estado requiere los cuantiosos recursos que requiere para su subsistencia y por ende, no puede prohibir la no explotación minera.

Finalmente la pregunta referida a la no extinción del delito de abusos a menores, si bien es correcta la postura y apunta a frenar crímenes execrables, podía no constar en la consulta, y más bien debió enviarse a la Asamblea un proyecto de ley que modifique el Código Penal en este tema.

En suma, en la consulta planteada por el Ejecutivo no constan todas las preguntas que debieron plantearse; pero al menos, las que constan en ella deben ser meditadas por los ecuatorianos, ya que incidirán en el futuro del país.