La denuncia por presunto prevaricato contra el juez del caso de asociación ilícita en la trama de Odebrecht, podría obligarlo a dejar de sustanciar la causa por conflicto de intereses.
La denuncia que el lunes interpuso la defensa del vicepresidente, Jorge Glas, contra el juez nacional Miguel Jurado en la Fiscalía General, por el presunto delito de prevaricato, ahonda más la incertidumbre sobre el proceso de asociación ilícita del caso Odebrecht. El abogado Eduardo Franco Loor, que defiende al segundo mandatario, anunció que su cliente pagará 1.125 dólares caución (fianza) para salir libre e interpondrá, hoy, apelación al Hábeas Corpus que el domingo pasado le fue negado.
El delito de prevaricato consta en el artículo 268 del Código Penal y es contra los jueces que “fallen contra Ley expresa, en perjuicio de una de las partes”. Los abogados de Glas alegan que Jurado habría prevaricado en el momento en que impuso la prisión preventiva contra el Vicepresidente, ya que él no incumplió la medida cautelar anterior, que era la prohibición de ausentarse del país. También se critica que Jurado haya considerado testimonios anticipados que, según ellos, solo debían tomarse en cuenta en la audiencia de juicio.
Franco Loor, que fue magistrado de la Corte Suprema, ratificó a este Diario que espera que se tramite esta denuncia para que Jurado sea detenido, “porque viola el debido proceso y está delinquiendo”. Según el jurista, hay un acuerdo entre Odebrecht; el fiscal general, Carlos Baca Mancheno, y Jurado.
Análisis
Xavier Andrade, profesor de Derecho Penal de la Universidad San Francisco de Quito, explica que se trata de un delito que busca proteger la correcta administración de Justicia, es decir, la tutela judicial efectiva. El catedrático asevera que el prevaricato se da cuando un juez viola una norma expresa, “de tal naturaleza que vulnera los derechos de una de las partes”. Los jueces que cometen este delito pueden ser sancionados con entre tres y cinco años de cárcel.
“Generalmente esa es una maniobra para dilatar causas, suele intentar cumplir dos objetivos: siempre demorar la causa y, de una u otra forma, apartar al juez del proceso”, señala Andrade. Agrega que el juicio se sustancia en una instancia separada. “De una u otra forma, el juez denunciado tiene que excusarse de sustanciar la causa. Entonces a veces, a pesar de que es un justo derecho de las partes, se abusa de esta figura con el objeto de sacar al juez y lograr que otro conozca la causa y tener una nueva oportunidad”, dice. (MMD)