El perfil de 35 aspirantes, de los 191 que siguen en el concurso, deja al descubierto posibles conflictos de intereses en algunos casos.
El Observatorio Judicial de Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD) de la mano de la organización Construyendo Estado de Derecho – Building Rule of Law (CED-BRL) vigila el proceso de renovación parcial de jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia.
Marcelo Espinel, Director de Proyectos de FCD, menciona que dentro del proceso de vigilancia ciudadana, se tomó una muestra representativa de 35 de 268 postulantes que aprobaron la etapa de inscripción y postulación. Se presentan datos referentes a su formación académica, experiencia laboral, información tributaria y patrimonial, relaciones empresariales, procesos judiciales y antecedentes penales.
Estos datos son obtenidos y sistematizados con base en la metodología de Radiografía Política, iniciativa promovida por FCD. Adicionalmente, se recaba información respecto de opiniones jurídicas y participación política de los postulantes.
No menos de 20 postulantes han sido asesores de la Asamblea Nacional y otros han hecho abiertamente declaraciones públicas defendiendo la Revolución Ciudadana. Saltaron nombres como Nuria Butiñá Martínez y María Lorena Espinoza, la primera directora de Datos Públicos, que en 2015 se excusó de ser conjueza; y la segunda, colaboradora en los últimos años de los ministerios de los sectores Estratégicos, que siguen en el concurso con buenas valoraciones.
EL DATO
Hasta el 12 de noviembre se tomarán las pruebas. Los resultados finales se conocerán el 15 de diciembre.
En el otro lado de la balanza está Yolanda Yupangui, actual vicepresidenta del Colegio de Abogados de Pichincha, que en el concurso del 2012 alcanzó una calificación de 100 puntos en los méritos, pero ahora que vuelve a concursar, con un título adicional de magíster en Tributación y con experiencia como decana de una facultad de jurisprudencia, su puntuación en los méritos fue de 70. Esta profesional no pidió explicaciones y decidió abandonar el concurso.
Queda por delante la prueba práctica (resolución de dos casos), que equivale al 50% de la nota final y será calificada por un tribunal designado por el pleno del Consejo de la Judicatura. A decir de Espinel, todo lo obtenido en la prueba teórica en la fase de méritos, puede ser borrado por la prueba práctica.
