ELIZABETH BRAVO*·
Ecuador fue declarado Libre de Semillas y Cultivos Transgénicos por la Constitución de Montecristi, y prohibió explícitamente el ingreso de transgénicos que atenten contra la soberanía alimentaria, los ecosistemas y la salud de los ecuatorianos, como resultado de la lucha llevada a cabo por el movimiento ecologista y por organizaciones del país que por muchos años había advertido sobre los impactos negativos de esta tecnología.
Ahora se quiere iniciar la investigación con “cultivos y semillas transgénicas” en el país, aun cuando ya son evidentes los impactos negativos de estos cultivos en la salud de poblaciones que viven en torno a las plantaciones; que los agricultores deben enfrentar las llamadas “súper malezas” y “súper plagas”, aplicando más plaguicidas; que las variedades nativas se han contaminado con transgenes resultado de las fallas de esta tecnología.
Poco antes de terminar sus funciones, el expresidente de la República abrió la puerta a esta amenaza a través de un veto a la Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento a la Agricultura Sostenible, permitiendo que se haga este tipo de investigación.
Nos preguntamos ¿para qué se quiere iniciar investigación con una tecnología que es extremadamente cara, que es riesgosa, que está controlada por empresas transnacionales y que no podrá jamás aplicarse en el país, porque la Constitución no lo permite?
Hay muchas necesidades de investigación en el país, por ejemplo para fomentar la agroecología, potenciar nuestra agrobiodiversidad. Este tipo de producción apoya las economías campesinas, genera trabajo rural, y nos asegura una alimentación sana.
Varias organizaciones del país han interpuesto demandas de inconstitucionalidad en contra del veto, y de la Ley. Está en manos de los jueces el destino de la agricultura y de la alimentación de los ecuatorianos.
La sociedad los vigila.
* Coordinadora de la Rallt
La Constitución dice que el país es libre de semillas y cultivos transgénicos. Sin embargo se abre la posibilidad para emplearlos con fines investigativos. Esto ha generado un fuerte debate entre quienes defienden la biodiversidad y la soberanía alimentaria, y quienes buscan opciones de tecnificación del agro.