Richard Salazar Medina
La posibilidad de organizarse es un derecho humano fundamental. Tanto más en una república donde las organizaciones son contrapeso al Estado, sus instituciones y gobernantes. Sin organizaciones sociales de trabajadores, pueblos indígenas, campesinos, mujeres, jóvenes, ONG, etc., no habría cambios en las leyes. Son ellas las que exigen derechos, cambios de políticas y son esenciales en el andamio de la democracia, donde la soberanía radica en el pueblo.
Las dictaduras prohíben explícitamente la organización social, ya que las consideran peligrosas. En los gobiernos fascistas el Estado vigilaba la vida de los ciudadanos, impidiendo la organización y la actividad reflexiva de los intelectuales, a quienes persiguieron hasta el final; entre los más célebres, Miguel Hernández, García Lorca y Antonio Gramsci.
Esta parece haber sido la inspiración de Correa cuando emitió el Decreto 16 en 2013 bajo el argumento de crear un sistema unificado de organizaciones y corporaciones. Allí incluyó causales para poder disolverlas, con criterios discrecionales, de las cuales destacan dos: desviarse de sus fines y, el peor, dedicarse a actividades de injerencia en políticas públicas que atenten contra la seguridad del Estado.
¿Qué organización social no busca por naturaleza tener incidencia en las políticas públicas? Todas buscan precautelar derechos y reivindicaciones de su grupo. Es absurdo pretender que no lo hagan. Pero dicho así, cualquier organización puede ser disuelta si a los gobernantes les incomodan. Es lo que ocurrió con varias, de las cuales son emblemáticas la Fundación Pachamama y la Unión Nacional de Educadores (UNE, reconocida en 1950), disueltas caprichosamente en 2013 y 2016, respectivamente.
Ahora el presidente Moreno deroga el Decreto 16, una demanda de las organizaciones sociales desde el momento de su expedición. Es un indicador para la democracia. Resta ver la nueva normativa y, antes que nada, devolver la personería jurídica a la UNE, a Pachamama y a toda organización que haya sido disuelta por el nefasto decreto 16.