POR: Jaime Vintimilla
En el Registro Oficial 109 del 23 de octubre de 2017 se publicó el denominado ‘Reglamento para el otorgamiento de personalidad jurídica a las organizaciones sociales’. Entre los aspectos positivos de la norma destacan el hecho de que se ratifica el reconocimiento de todas las formas de organización de la sociedad, tanto de hecho como de derecho, se otorga prioridad a los principios de libre asociación y autodeterminación para el registro de las organizaciones y existe el deseo de reducir al máximo cualquier exigencia administrativa innecesaria que entorpezca la gestión y el desarrollo de este sector.
Sin duda, existe voluntad del Ejecutivo para cambiar o enmendar las actitudes, acciones y decisiones que giraban en torno a la concentración de poder, ya que al parecer el nuevo mandatario trata de someter su accionar al Derecho. No obstante, más allá de la algarabía y el regocijo que ha producido la aprobación del decreto 193, en especial por dejar sin efecto los decretos 16 y 739, todavía la población no puede declararse satisfecha del todo, pues persisten algunos aspectos que mantienen latente la preocupación por el manejo discrecional que todavía podría azotar a la libertad de la sociedad civil.
En primer lugar, la naturaleza de la norma jurídica, en contra de la Constitución, se mantiene, ya que como se conoce para regular un derecho constitucional como el de asociación resulta imperativa la aprobación de una ley orgánica y no un mero decreto, como insiste en mantener el Ejecutivo.
Por otra parte, perduran causales ambiguas para disolver las Organizaciones y se mantiene aquella declaración que muestra que la sociedad civil debe mantenerse alejada de la vida política o política partidista.
No se puede negar la existencia de buenas intenciones, pero la norma mantiene todavía los resabios de la concentración y del autoritarismo que minaron y silenciaron a una participación ciudadana espontánea que busca la aplicación del derecho como herramienta para el desarrollo, la defensa de la diversidad y la plena libertad. Todavía debe culminarse la tarea para tener una sociedad civil robusta, activa, responsable e independiente.