Las autoridades reconocen falencias. El CES aboga por “el debido proceso” de las denuncias.
La falta de protocolos para actuar en casos de acoso y violencia sexual es una de las falencias que tienen las universidades e institutos de tercer nivel en Ecuador. Aquello es reconocido por los estudiantes y las propias autoridades.
Frente a esta realidad, la subsecretaria de Educación Superior, Ximena Ponce, indicó que desde esta entidad se emitirán “disposiciones claras” para que en estas instituciones se tomen medidas internas al respecto.
“Un tema de educación estructural es que cada una de las universidades o instituciones de educación superior, los tecnológicos también, tengan al interior un protocolo de tratamiento de estos casos para la prevención, para la denuncia, para la solución”, dijo.
La funcionaria manifestó que estos centros deberán atar sus lineamientos internos a los que cuentan otras instancias como la Policía, Fiscalía y el sistema judicial para cuando se presenten casos más extremos.
Ponce comentó que actualmente 38 universidades forman parte de una red que trabaja en la prevención de la violencia de género en el país, pero que todavía faltan por articular a otras 32 y a 130 institutos tecnológicos.
“Esto no puede ser una cuestión de voluntad u opcional, el erradicar la violencia y la discriminación es un tema mandatorio por la Constitución e institucionalmente vamos a fortalecerlo”, prometió.
Malestar
Pero mientras eso se concrete, en muchos estudiantes se mantiene un sabor de “indignación e inconformidad” ante los procedimientos que se siguen en los casos de violencia sexual dentro de las instituciones, según dicen Andrés Chimbo y Paola Gutiérrez, dos de ellos.
En la Universidad Central del Ecuador, por ejemplo, un grupo de estudiantes emitió un manifiesto en el que señala que “los casos de violencia han sido tratados sin tener enfoque de género en su abordaje”.
“Hemos observado en la lectura de los mismos una matriz patriarcal que vulnera los derechos de las víctimas con prácticas procedimentales como el careo y la mediación que re victimizan a la denunciante”, refieren en el documento.
Desde el 2014 hasta ahora, indican, “solamente se han llevado a cabo tres casos de sanción por acoso sexual que evidenció el rompimiento del silencio de prácticas de violencia que se da en las aulas, no obstante, existen muchos casos que no han sido denunciados por temor a represalias”.
“La falta de denuncia fortalece la impunidad y la permisividad para aquellas personas que utilizan su situación de poder para ejercer algún tipo de violencia de género”, agregan. Y, además, cuestionan el rol que ha tenido el Consejo de Educación Superior (CES).
Procedimiento
Ese organismo, en octubre pasado, dispuso que un profesor que estaba acusado de acoso sea restituido a las aulas, con el argumento de que la Universidad Central no respetó “el debido proceso”.
“Lamentablemente no siempre en las universidades se respeta el debido proceso, no se hace acumulación adecuada de pruebas antes de sancionar. No estoy diciendo que no haya causal, pero es evidente que si no sigo el debido proceso puedo tirar abajo la causal”, adujo Enrique Santos, presidente del CES.
Santos manifestó que es “preocupante que ya sea el segundo o tercer caso en el que una persona que ha sido sancionada por la Universidad, según la institución, con toda la razón, se haya tenido que aceptar su apelación por temas del debido proceso”.
De allí que en las últimas semanas se han dado talleres entre el CES y los procuradores (o abogados) de las instituciones para acordar los términos que deben ser respetados dentro del trámite de estas denuncias. (RVD)