El Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene 15 días de plazo para convocar a consulta popular. Y 60 días más a partir de la convocatoria para que se lleve a efecto este proceso. Es decir, los ecuatorianos deberán decidir sobre las siete preguntas planteadas a mediados de febrero.
Los plazos corren desde ayer, cuando el presidente, Lenín Moreno, entregó a este organismo los decretos ejecutivos 229 y 230 con las preguntas que había presentado a la Corte Constitucional (CC). Como los plazos para que ese organismo se pronuncie vencieron, los remitió directamente a la instancia electoral.
La decisión del Ejecutivo se basa en el último inciso del artículo 105 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales que estable: “Si la Corte Constitucional no resolviere sobre la convocatoria, los considerandos y el cuestionario del referendo, dentro del término de 20 días siguientes a haber iniciado el respectivo control previo, se entenderá que ha emitido dictamen favorable. Esta omisión dará lugar a las sanciones administrativas que correspondan”.
La secretaria jurídica de la Presidencia, Johana Pesántez, al entregar los decretos al secretario general del CNE, Fausto Holguín, para que dé trámite, recordó que la propuesta de consulta se remitió a la CC el 2 de octubre. “El 5 de octubre avocaron conocimiento y hasta esta fecha han transcurrido en demasía los 20 días. Por lo tanto, en este momento lo que la CC realice ya no tiene validez”, argumentó Pesántez.
Agregó que hay jurisprudencia para acudir directamente al CNE cuando la Corte Constitucional no ha cumplido con los plazos. Fue el propio expresidente Rafael Correa quien recurrió a esta figura legal para convocar a consulta popular en 2011 por la pertenencia de La Concordia.
Cifras
15 días tiene el CNE para convocar a la consulta.
60 días más corren para la votación de la ciudadanía.
En esa ocasión, el entonces mandatario expuso los mismos argumentos que hoy muestra el Gobierno, esto es que la Corte no se pronunció en los 20 días que da la Ley, por lo que se considera dictamen favorable para que el CNE convoque a consulta, lo que fue acogido por el organismo electoral.
“Es un caso similar al que consta en el decreto ejecutivo 946, del 28 de noviembre de 2011, publicado en el Registro Oficial 595 del 13 de diciembre de 2011”, dijo Pesántez.
Las reacciones
Elizabeth Cabezas, asambleísta del ala ‘morenista’ de la bancada de PAIS, respaldó la decisión del primer mandatario, ya que asegura que la CC rebasó los plazos establecidos. “El Presidente tiene toda la facultad de hacerlo enviando vía decreto las preguntas al CNE. Se ha esperado un tiempo prudencial pero eso no ha sido suficiente para que ellos emitan su dictamen y es importante que el pueblo tenga la oportunidad de pronunciarse”, respondió Cabezas.
Para el asambleísta Henry Cucalón (PSC) está claro que a la Corte se le vencieron los plazos. “Eso le pasa por andar jugando a dilatar, entorpecer y hacerle el ‘jueguito’ al señor que ha venido de paseo”, dijo Cucalón, en referencia a Correa. Añadió que está claro que al ‘correísmo’ no le interesa la consulta popular y han utilizado a la Corte para entorpecer esta labor. (HCR)
Lo que prepara el ‘correísmo’
° El bloque ‘correísta’ se pronunció en una rueda de prensa a la que asistieron 23 legisladores de esta facción, que se autodenominaron bloque ‘Alianza PAIS por principios’.
Marcela Aguiñaga opinó que la decisión del presidente, Lenín Moreno, es una violación al orden jurídico, ya que considera que la Corte Constitucional está dentro de los plazos establecidos para emitir su dictamen. Dijo que no es comparable la consulta sobre La Concordia con lo que hoy se plantea, por lo que considera que Moreno está vulnerando el orden jurídico establecido. “Prácticamente se instauraría un Régimen de facto”, declaró.
Agregó que entre las medidas que se analizarán para detener la convocatoria está la de interponer acciones de protección para que se dicten medidas cautelares. Y como considera que el presidente Moreno se está arrogando funciones, aseguró que, desde la Asamblea, podrían “iniciar (…) un juicio (político) por causales de destitución”. En el mismo sentido se pronunció en una rueda de prensa el expresidente Rafael Correa.